El Gobierno anunció el refuerzo de su presencia militar en la frontera con Argentina en una acción coordinada con el país vecino, que recientemente desplegó 300 efectivos en la provincia de Misiones, en el límite con Paraguay y Brasil. Esta medida busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la seguridad en los pasos fronterizos. Sin embargo, con esta decisión, tácitamente reconoce la inoperancia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de la Policía Antinarcóticos, dos organismos claves en el combate al narcotráfico, cuyo desempeño es deficiente y plagado de escándalos de corrupción.
Mientras las fuerzas de seguridad de Brasil realizan operativos constantes y logran decomisar cantidades récord de drogas, las autoridades paraguayas presentan la captura de microtraficantes y el comiso de ínfimas cantidades de sustancias ilícitas como “grandes logros” en la lucha contra el crimen organizado. El contraste es evidente: mientras en el vecino país caen casi a diario importantes cargamentos de droga, en Paraguay las acciones contra los grandes capos del narcotráfico son prácticamente inexistentes.
Recientemente, un nuevo escándalo golpeó a la Policía Antinarcóticos, tras revelarse una supuesta “mexicaneada” de 430 kilos de cocaína de alta pureza por parte de agentes de la institución. Según medios locales, tres efectivos –entre ellos un subcomisario, una oficial de menor rango y un oficial retirado– habrían detenido a un ciudadano brasileño en noviembre de 2024 con el cargamento y, en lugar de proceder legalmente, le exigieron un pago de un millón de dólares para liberarlo. A pesar de que el pago se habría efectuado, la droga nunca fue devuelta, quedando en manos de los agentes corruptos.
Lejos de generar una reacción firme por parte de las autoridades, el caso fue minimizado y ni la Senad ni la cúpula policial ordenaron una investigación profunda. El silencio oficial solo refuerza la sospecha de que estas prácticas son habituales dentro de los organismos antidrogas, donde ciertos sectores parecen más interesados en beneficiarse del narcotráfico que en combatirlo.
OPERATIVOS “DE FACHADA”
Las pocas acciones visibles de la Senad y la Policía Antinarcóticos en Alto Paraná suelen ser operativos contra pequeños traficantes de marihuana, crack o cocaína en ínfimas cantidades, mientras los verdaderos cabecillas operan con total impunidad. Los decomisos de droga en grandes volúmenes en Paraguay son escasos, lo que evidencia la falta de una estrategia seria basada en inteligencia y cooperación internacional.
En muchos casos, cuando se realizan procedimientos de mayor envergadura, estos responden más a presiones externas o a disputas internas entre los narcotraficantes que a una real voluntad de combate contra el crimen organizado. Según fuentes confiables, existen acuerdos no escritos entre jefes regionales de las fuerzas antidrogas y los principales grupos del narcotráfico, quienes pagan sumas millonarias para garantizar su protección y operar sin sobresaltos.
La falta de credibilidad de las fuerzas paraguayas ha sido tal que las autoridades brasileñas optaron por dejar de realizar operativos conjuntos con sus pares paraguayos. En su lugar, han reforzado su propia frontera, realizando decomisos de droga apenas los cargamentos cruzan al territorio brasileño.
Las autoridades de la Senad y la Policía Antinarcóticos insisten en que están realizando un “trabajo silencioso”, pero los resultados son prácticamente inexistentes. La corrupción dentro de estos organismos es un secreto a voces y sus fracasos en el combate al narcotráfico son evidentes. Ante este panorama, la destitución de los responsables y una reestructuración profunda de ambas instituciones no solo es necesaria, sino urgente.
