
Los agentes de la Patrulla Caminera apostados en el km 15 de la Ruta PY02, en Minga Guazú, convirtieron su puesto de control en una verdadera red de extorsión, según reiteradas denuncias de automovilistas. En lugar de cumplir con su rol de garantizar la seguridad vial, los uniformados utilizan cualquier pretexto para chantajear a los conductores, principalmente a aquellos que desconocen la legislación, como los extranjeros. El objetivo no es aplicar sanciones conforme a la ley, sino negociar con los infractores para enriquecerse ilícitamente, de acuerdo con lo indicado por los denunciantes.
Una de las prácticas más comunes de estos agentes apostados en el km 15 es la extorsión a conductores que dan positivo en el alcotest. A pesar de que diariamente caen en su red automovilistas en estado de ebriedad, las estadísticas revelan que prácticamente no se registran multas en el sistema. Esto sugiere que la recaudación no va a las arcas del Estado, sino directamente a los bolsillos de los agentes corruptos.
Un equipo periodístico del diario La Clave acudió en la madrugada del viernes al destacamento de la Patrulla Caminera tras recibir múltiples denuncias sobre estos procedimientos ilegales. En el sitio, presenciaron cómo los agentes exigían el pago de G. 1 millón a un conductor bajo efectos del alcohol para permitirle seguir su camino, en lugar de proceder con la sanción correspondiente. Este modus operandi evidencia que la función de control es solo una fachada para sostener un esquema de coimas que ha convertido a estos agentes en los más corruptos dentro de las instituciones de seguridad vial.
ENCUBRIMIENTO Y COMPLICIDAD
La Patrulla Caminera en Alto Paraná está bajo el mando del inspector mayor Ramón Torres, un funcionario con un historial plagado de irregularidades, pero que goza de protección de sus superiores. Pese a los cuestionamientos sobre su gestión, sigue en su cargo gracias al respaldo de la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y del director general de la Caminera, inspector general Eustacio González. Lejos de tomar medidas para frenar la corrupción en sus filas, la cúpula de la institución mantiene en sus puestos a los responsables de estos atropellos.
Mientras los agentes de la Patrulla Caminera se dedican a extorsionar a los conductores, el caos vehicular en la Ruta PY02 sigue agravándose. En el tramo urbano de Ciudad del Este, largas filas de camiones de gran porte congestionan la vía pública mientras esperan cruzar a Brasil. La falta de regulación y control por parte de la Caminera ha generado un escenario peligroso, donde los vehículos livianos quedan expuestos a accidentes constantes, especialmente en horario nocturno. Esta crisis ya ha cobrado vidas y sigue sin una respuesta efectiva.
Ramón Torres no solo es cuestionado por su permisividad con la corrupción en la institución, sino también por decisiones polémicas, como el intento de prohibir a los bomberos voluntarios de Minga Guazú realizar colectas en la ruta, una medida que generó indignación en la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de las críticas y denuncias, su cargo parece intocable gracias a la complicidad de las autoridades que deberían garantizar una gestión transparente.
La ministra Claudia Centurión ha manifestado públicamente que las barreras de control de la Patrulla Caminera están prohibidas desde el inicio del Gobierno de Santiago Peña. No obstante, los agentes continúan realizando estos operativos ilegales bajo la excusa de patrullajes, lo que demuestra que las órdenes superiores son ignoradas o, peor aún, que existe una red de corrupción que les permite operar impunemente.