
Con un escrito mal redactado y sin fundamentos legales, la inexperta abogada Marlene Raquel Fernández, con matrícula n° 11.981, intentó -sin éxito- frenar publicaciones periodísticas en defensa de su cliente, el suboficial ayudante Berlín Joel Alcaraz Dosantos, denunciado ante el Ministerio Público por agredir a su pareja y a una amiga en una discoteca durante un ataque de celos. En un acto que raya lo absurdo, Fernández se arrogó funciones de juez y envió su insólito “mandato” por WhatsApp, sin que tenga la más mínima validez jurídica.
El pedido de recurso de amparo constitucional presentado por el suboficial ayudante, Berlín Joel Alcaraz Dosantos, y su abogada ante un juez, en un intento desesperado por frenar las publicaciones sobre la denuncia en su contra por violencia contra su pareja y una amiga de la mujer, carece de fundamento legal y atenta contra principios básicos de la democracia, como la libertad de expresión y de prensa, consagrados en la Constitución Nacional. Además, no cuenta con la firma de un juez competente, es decir, que la profesional se arroga atribuciones de un juez al presentar dicho documento que no tiene validez alguna. Por lo tanto, desde la dirección del diario La Clave, rechazamos cualquier intención de censurar las publicaciones. Más aún con un documento sin validez jurídica, como el presentado de manera irresponsable e informal.
ATROPELLO A LA LIBERTAD DE PRENSA
El diario La Clave rechaza categóricamente este intento de censura y reafirma su compromiso con el derecho ciudadano a la información veraz y oportuna. No nos amilanaremos ante maniobras que buscan ocultar hechos de interés público. La Constitución Nacional es clara en cuanto a la protección de la libertad de expresión y de prensa. En su artículo 26, establece que: “Se garantizan la libre expresión y la libertad de prensa, así como la difusión del pensamiento y de la opinión, sin censura alguna. Nadie puede ser molestado ni perseguido por sus manifestaciones u opiniones, ni por la información que difunda”. Además, el Artículo 29 refuerza este principio al afirmar que la libre expresión del pensamiento y la libertad de prensa son derechos fundamentales en una sociedad democrática.
AMPARO, UNA MANIOBRA INFUNDADA
El recurso de amparo constitucional presentado por Alcaraz Dosantos y su abogada es un intento burdo de convertir el sistema judicial en un escudo para ocultar su imagen pública. Sin embargo, este tipo de acciones no pueden estar por encima de la Constitución ni de los principios que rigen una prensa libre e independiente.
Es importante recordar que el derecho a la información y la libertad de expresión están por encima de los intereses particulares, especialmente cuando se trata de hechos de interés público como una denuncia de violencia.
COMPROMISO CON LA VERDAD
La Clave seguirá informando con responsabilidad y objetividad, sin ceder ante presiones ni intentos de censura. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad, y ningún amparo infundado podrá impedirlo. Este caso no solo expone un intento de silenciar a la prensa, sino que también refleja la importancia de defender con firmeza los valores democráticos. La justicia debe velar por el respeto a la Constitución y no prestarse a maniobras que buscan acallar la verdad.
ANTECEDENTES DEL CASO
El jueves de la semana pasada, el suboficial ayudante Berlín Joel Alcaraz Dosantos, quien prestaba servicio en la subcomisaría 46ª del barrio San Juan, fue denunciado por un hecho de violencia familiar y lesión, ocurrido el día 26 de enero de 2025 en el interior de la discoteca “Kilkenny Iris Pub”, situada sobre la avenida Mariscal Estigarribia c/ Rogelio Benítez del barrio Boquerón de esta ciudad. La denuncia fue presentada por Mercedes Lemos Franco, quien manifestó que en aquella madrugada se encontraba en el referido local en compañía de su amiga Ruth Pamela Benítez, quien es pareja del suboficial Alcaraz.
En un momento dado, el policía llegó al lugar y comenzó a discutir con su novia, a quien arrojó una botella de cerveza. Sin embargo, en medio del altercado, su furia se desvió hacia Lemos Franco, a quien propinó un violento golpe de puño en el rostro, dejándola con un hematoma visible en uno de los ojos. Pese a la gravedad del hecho, Benítez, pareja del agresor, no se animó a denunciarlo, presuntamente por miedo a represalias. Por esta razón, Lemos Franco decidió acudir por cuenta propia al Ministerio Público para poner el caso en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía y de la Policía Nacional.