La justicia paraguaya vuelve a ser mancillada por la actuación de jueces venales que, lejos de cumplir su función de impartir equidad y proteger a la ciudadanía, se convierten en cómplices de la delincuencia. Uno de los ejemplos más bochornosos de esta degradación es la jueza Cinthia Garcete, cuya trayectoria está marcada por resoluciones aberrantes que favorecen a criminales y corruptos, muchas veces con un tufo innegable a coimas y tráfico de influencias.
El reciente caso de Juan Carlos Martínez López, un peligroso asaltante procesado por robo agravado, es una muestra palpable de esta descomposición judicial. Pese a la contundencia de las pruebas en su contra, la magistrada decidió otorgarle arresto domiciliario, una medida que, en la práctica, equivale a dejarlo en libertad para seguir delinquiendo, dada la notoria incapacidad de la Policía para fiscalizar su cumplimiento. Lo más alarmante es que la decisión se tomó en plena feria judicial, lo que refuerza la sospecha de que tras la resolución hubo un generoso “aporte” que inclinó la balanza en favor del delincuente.
No es la primera vez que Garcete es protagonista de escándalos similares. Su historial está repleto de resoluciones que benefician a criminales y políticos corruptos. Blanqueó a los exintendentes de Ciudad del Este, Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod, pese a las graves irregularidades administrativas en sus gestiones. También permitió la libertad de un feminicida que asesinó a una menor de edad y benefició a un expolicía procesado por abuso sexual en niños. Todos estos fallos tienen un común denominador: la sospecha de corrupción.
A pesar de las múltiples denuncias en su contra, la jueza sigue aferrada a su cargo gracias a sus poderosos padrinos dentro del Poder Judicial. En 2023, fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia por favorecer a los policías que ejecutaron a balazos a una pareja en un operativo fallido. También enfrenta una denuncia penal por cohecho pasivo agravado, pero hasta ahora la impunidad sigue reinando.
Otro aspecto que genera gran indignación es el súbito crecimiento de su patrimonio. De declarar bienes modestos en sus primeros años como funcionaria, pasó a ostentar activos millonarios que resultan difíciles de justificar con el salario de un juez. Sin embargo, ni la Contraloría General de la República ni el Ministerio Público han mostrado interés en investigar seriamente la procedencia de su fortuna.
Casos como el de Cinthia Garcete exponen la podredumbre de un sistema judicial que parece estar diseñado para proteger a quienes pueden pagar por su libertad. Mientras jueces corruptos sigan dictando resoluciones a medida de los delincuentes, la ciudadanía seguirá desprotegida y la confianza en la justicia se verá irremediablemente erosionada. Es urgente que el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados actúen con firmeza para destituir a quienes han convertido los tribunales en un mercado de favores. De lo contrario, Paraguay continuará siendo rehén de la impunidad y el crimen organizado.