
La jueza penal de garantía Teresita Cazal elevó a juicio oral y público la causa que investiga a funcionarios de la penitenciaría regional, reclusos y “mulas”. Involucra al exdirector Rubén Ireneo Lombardo Cristaldo y su asesor, Francisco Javier Ramírez Torres. Asimismo, a los reclusos AliIssa Chamas, Ali Fouani y Diego Pedro Barzuck, al igual que a Leonardo Araujo Viera y Jorge Darío Mendoza Penayo.
Los últimos citados están acusados por suministro de estupefacientes en lugares de prisión. Los dos libaneses y Pedro Barzuck irán a juicio con cargos por tenencia, suministro y comercialización de estupefacientes en lugares de prisión, además de asociación criminal, según las resultas de los actos de investigación.
Los principales, Lombardo Cristaldo y Ramírez Torres, están sindicados como autores de la tipificación penal de complicidad de funcionario público para suministro sin autorización de estupefacientes en lugares de prisión. De los siete, Araujo Viera y Mendoza Penayo están beneficiados con el arresto domiciliario, conforme a las constancias de la carpeta de investigación fiscal.
APELACIONES
Por cuerdas separadas, cada uno de los siete acusados presentó recurso de apelación contra el auto interlocutorio de elevación de causa para su discusión en contradictorio público, según confirmó ayer el fiscal Manuel Rojas, titular de las investigaciones.
También se confirmó que cada procesado, día tras día, sigue presentando revisión de medidas con solicitud de arresto domiciliario. En tanto, se supo que la elevación a juicio ya fue comunicada a la coordinación de los tribunales de sentencia, que deberá realizar el sorteo para designar colegiado para el contradictorio público.
Las penas previstas para las tipificaciones acusadas en la causa oscilan entre 10 y 20 años de cárcel. Puntualmente, se pedirá la aplicación del modo agravado atendiendo la condición de funcionarios públicos de los principales protagonistas.