TIEMPO EN ALTO PARANÁ

La justicia laboral en Paraguay, utopía y falacia, en muchos casos

La reciente exposición de las irregularidades en torno a la maquiladora Hoahi S.A., propiedad de Long Jiang, no solo pone de manifiesto las precarias condiciones laborales que enfrentan más de 1.300 trabajadores, sino también la profundidad de la corrupción que sigue asfixiando a Paraguay. Este caso trasciende lo meramente laboral y desnuda un sistema en el que los derechos de los trabajadores son pisoteados mientras empresarios inescrupulosos encuentran refugio en la complicidad de políticos y operadores de poder.

El nefasto protagonismo de figuras como Blas Pereira Vera, abogado acusado de tráfico de influencias, y su estrecha relación con el vicepresidente Pedro Alliana, refuerza la percepción de que la corrupción no solo es tolerada, sino que está institucionalizada. Pereira, conocido por sus cuestionables manejos en la Municipalidad de Ciudad del Este y sus vínculos con el Poder Judicial, sería el eslabón clave para que Long Jiang eluda sanciones por violaciones al Código Laboral paraguayo.

Las denuncias contra Hoahi S.A. no son menores. Jornadas laborales extendidas sin pago de horas extras, despidos arbitrarios, condiciones insalubres y hasta restricciones al uso de sanitarios conforman una lista de abusos que, en cualquier otro contexto, habrían generado sanciones ejemplares. Sin embargo, en Paraguay, estas prácticas son minimizadas o directamente ignoradas por autoridades como el Ministerio de Trabajo, que parece haber renunciado a su rol de garantizar justicia laboral.

Más alarmante aún es el contraste entre las denuncias y el reconocimiento estatal otorgado a Hoahi S.A. en 2024 por su supuesto “aporte a la creación de empleo”. ¿Qué mensaje se envía cuando un Gobierno premia a una empresa que enfrenta acusaciones tan graves? Esta distinción, presumiblemente promovida por Alliana a través de Pereira, refuerza la sensación de que los derechos laborales en Paraguay son una moneda de cambio en un sistema profundamente corrompido.

El caso de Hoahi S.A. es solo un síntoma de un problema más grande: un sistema político y económico que favorece a quienes tienen dinero e influencia, mientras condena al trabajador común a la explotación y el olvido. Long Jiang no es solo un empresario; es el rostro de un modelo en el que la corrupción y el tráfico de influencias operan como norma.

El involucramiento de Pedro Alliana en esta trama añade un matiz aún más preocupante. Si un vicepresidente de la República permite que sus aliados utilicen su nombre para garantizar impunidad y beneficios económicos, ¿qué podemos esperar de su aspiración presidencial en 2028? El futuro de Paraguay no puede quedar en manos de quienes prefieren proteger intereses privados en lugar de defender el bienestar colectivo.

Es urgente que las instituciones paraguayas se reformen y fortalezcan para enfrentar estos esquemas de corrupción. Los trabajadores no pueden seguir siendo las víctimas silenciosas de un sistema que prioriza el lucro de unos pocos por encima de los derechos de la mayoría.

El caso de Hoahi S.A., Blas Pereira y Pedro Alliana es un recordatorio de que la corrupción no es un fenómeno aislado, sino una estructura que opera en todos los niveles. Si no se toman medidas contundentes, Paraguay seguirá siendo un país donde la impunidad reina y la justicia laboral es un espejismo.

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