
La juez penal de garantías de feria Cinthia Garcete declaró rebeldes a dos sujetos imputados por el fiscal Alfredo Acosta Heyn, del distrito de Yguazú, en el marco de una causa que investiga invasión de inmueble ajeno y producción de documentos no auténticos. Son hectáreas de soja en etapa de cosecha con toneladas de rendimiento y cientos de miles de dólares los que están en juego.
La magistrada admitió la imputación y seguidamente decretó la rebeldía de Nivaldo Ouriques Kestring y Gloria Vera Benítez, quienes, una vez detenidos, deberán cumplir reclusión en las penitenciarías regionales, según la disposición judicial. La comisión de los hechos fue denunciada por el abogado Ever Alberto Vera Torres, por la representación de la firma Agrofort S.A., representada por Doacir Bianchet.
Los procesados habrían fraguado un contrato de arrendamiento de fecha 28 de agosto de 2020 con certificación de firmas sobre la finca 1152, padrón 1414 del distrito de Itakyry.
PREMEDITADO Y DOLOSO
Ya en 2023, la procesada Gloria Vera habría utilizado dicho documento para iniciar un interdicto de retener la posesión, ante el juzgado civil y comercial del citado distrito, con carátula ANR S.A. contra personas innominadas, con expediente número 101/24, con solicitud de medidas cautelares de prohibición de innovar y acercamiento de terceros con la finalidad de explotación de la finca en cuestión.
Según el escrito de imputación fiscal, la firma Agrofort S.A. acreditó con documentos la propiedad reclamada, todos ellos confirmados en los registros públicos. Curiosamente, los directivos de la firma ANR S.A. son familiares cercanos de Nivaldo Ouriques, en cuyo círculo se ha concretado el contrato de arrendamiento, según los descubrimientos de la Fiscalía mediante la intervención de instituciones de Estado.
INSTRUMENTO APÓCRIFO
Entre sus diligencias investigativas, el fiscal escuchó el testimonio de Valdir Soti Noguera, primero en registrar la finca en litigio ante los registros públicos. El mismo afirmó que comercializó la propiedad y la traspasó en su momento a la firma Agrofort, que ya como última instancia recurrió a la justicia para proteger su bien inmueble.
Si bien el escrito de imputación no define la cantidad de hectáreas afectadas por el requirente, sí quedó claro que la intención de los directivos de ANR S.A., Nivaldo Ouriques y Gloria Vera, era cosechar la extensa plantación de soja y quedarse con una gruesa suma de dinero mal habido.