El llamativo crecimiento patrimonial del presidente Santiago Peña, contrastado con sus numerosas promesas incumplidas hacia el Alto Paraná, revela una de las contradicciones más alarmantes de su administración. A casi dos años de haber asumido el cargo, los compromisos hechos en campaña se han diluido en una realidad marcada por la inacción y el distanciamiento del Gobierno respecto a las necesidades de este motor económico del país.
El Alto Paraná, fundamental para el desarrollo nacional, sigue enfrentando carencias históricas que no han sido abordadas. Las obras de infraestructura continúan en papel, los planes de industrialización no avanzan y la modernización del sistema educativo sigue siendo una asignatura pendiente. Mientras tanto, el patrimonio del presidente Peña se ha disparado de manera inexplicable: en apenas seis años, su fortuna personal creció más de 22.000 millones de guaraníes, pasando de 1.000 millones en 2017 a 23.000 millones en 2023. Este aumento, documentado oficialmente, genera serias dudas sobre la transparencia y coherencia de su gestión.
A esto se suma un estilo de vida que contrasta profundamente con la austeridad prometida. Una mansión de US$ 2 millones en San Bernardino, viajes frecuentes al exterior —sumando 37 en apenas un año y medio de gobierno— y el uso recurrente de helicópteros oficiales para traslados personales pintan un panorama de despilfarro que resulta ofensivo para una población que enfrenta necesidades urgentes.
Entre las promesas que quedaron en el olvido destacan la modernización de rutas, el fortalecimiento del comercio en las ciudades fronterizas, el combate al contrabando, la reducción de tarifas eléctricas, el apoyo a la Universidad Nacional del Este (UNE), la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, y el refuerzo en seguridad ciudadana. Prácticamente ninguno de estos puntos ha avanzado significativamente, y la gestión en programas clave, como el llamado “Hambre Cero”, ha sido un rotundo fracaso. Este programa, concebido para erradicar la desnutrición infantil, apenas llegó a tres distritos del Alto Paraná en 2024, enfrentando problemas logísticos y de adjudicación que lo mantienen lejos de alcanzar su meta.
Mientras el Alto Paraná sigue esperando las inversiones prometidas, crece el descontento en uno de los departamentos más importantes del país. Las necesidades en infraestructura vial, educación, salud y seguridad permanecen desatendidas, evidenciando una desconexión preocupante entre el discurso oficial y las acciones concretas. A la par, el enriquecimiento personal del mandatario y su círculo cercano plantea interrogantes que no pueden ser ignoradas.
Es necesario que el presidente Peña responda ante esta doble crisis: una de incumplimientos hacia la población y otra de credibilidad ante los datos de su creciente patrimonio. En un contexto de desigualdad y abandono, las promesas incumplidas no solo alimentan la frustración ciudadana, sino que también erosionan la confianza en las instituciones democráticas. La riqueza de unos pocos no puede seguir creciendo a costa de las esperanzas de muchos. El Alto Paraná merece algo mejor.
