En Paraguay, un sistema de corrupción e impunidad parece otorgar carta blanca a empresarios explotadores, como el caso de Long Jiang, conocido como el “Chino rojo”, propietario de la maquiladora Hoahi S.A. Según fuentes confiables, este empresario tejió una red de influencias políticas que le permite violar el Código Laboral sin enfrentar consecuencias. El abogado Blas Pereira Vera, una figura polémica y denunciada en múltiples ocasiones por tráfico de influencias, sería el principal intermediario entre Jiang y el vicepresidente de la República, Pedro Alliana. A través de esta conexión, Jiang no solo habría asegurado su impunidad ante violaciones laborales, sino también ganó licitaciones públicas multimillonarias, como una reciente adjudicación por más de USD 30 millones.
Blas Pereira, exjefe de gabinete de la exintendente destituida Sandra McLeod y hermano del juez civil Juan Pereira, es señalado como hombre de confianza de Pedro Alliana, quien aspira a suceder a Santiago Peña en la Presidencia en el 2028. Según denuncias, Pereira utiliza su cercanía con Alliana para garantizar beneficios económicos y protección a empresarios como Long Jiang, quienes financian su carrera política.
Este esquema refleja un abierto tráfico de influencias, donde el poder político se entrelaza con intereses económicos, permitiendo a empresarios inescrupulosos operar al margen de la ley. La maquiladora Hoahi S.A., que emplea a más de 1.300 trabajadores, enfrenta graves acusaciones de violaciones laborales. Entre las denuncias se encuentran jornadas extendidas sin pago de horas extras, despidos arbitrarios, restricciones al uso de sanitarios y condiciones insalubres. Sin embargo, estas quejas fueron desestimadas o minimizadas públicamente.
En una polémica decisión, el Gobierno reconoció a Hoahi S.A. en 2024 por su “aporte a la creación de empleo”. Esta distinción, presumiblemente promovida por Alliana, a través de Pereira, contrasta con las denuncias de explotación laboral y pone en duda el compromiso estatal con la justicia y los derechos laborales.
A pesar de las múltiples denuncias contra Long Jiang y Hoahi S.A., la ausencia de sanciones ejemplares evidencia la complicidad de las autoridades. Organismos como el Ministerio de Trabajo parecen cerrar los ojos ante las irregularidades, debilitando aún más el sistema de justicia laboral en Paraguay.
Este caso no solo refleja la vulnerabilidad de los trabajadores, sino también la profunda corrupción que permea las instituciones del país. Empresarios con poder económico, aliados con políticos, aprovechan sus conexiones para garantizar impunidad y perpetuar un sistema donde los derechos laborales son sistemáticamente pisoteados.
Blas Pereira no está ajeno a los señalamientos. En el pasado, precisamente, fue acusado de liderar esquemas de tráfico de influencias en la Municipalidad de Ciudad del Este y en el Poder Judicial del Alto Paraná. Según denuncias, exigía comisiones a proveedores y funcionarios a cambio de liberar pagos, además de manejar estructuras para el ingreso irregular de mercaderías.
El abogado también fue vinculado con maniobras irregulares junto a Rodrigo Blanco, hijo del exministro de la Corte, Sindulfo Blanco, utilizando su influencia política para presionar a jueces y fiscales en beneficio de su red de intereses.
El caso de Long Jiang, Hoahi SA y las redes de corrupción política pone en evidencia la urgente necesidad de reformar y fortalecer las instituciones paraguayas. La connivencia entre empresarios explotadores y actores políticos, como Blas Pereira y Pedro Alliana, no solo socava los derechos laborales sino que perpetúa un sistema de injusticia que afecta a miles de trabajadores.
