TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Vergonzoso esquema de abusos en la Municipalidad de Minga Guazú

En Minga Guazú, la renovación de registros de conducir se ha convertido en un calvario para los ciudadanos, quienes deben enfrentar precios exorbitantes y una serie de irregularidades que parecen no tener fin. Las recientes denuncias sobre las autoescuelas que operan en convenio con la Municipalidad han destapado un esquema de abusos que afecta directamente a los contribuyentes, todo bajo la mirada cómplice de las autoridades locales y la Contraloría Ciudadana.

Adelaida Florentín, una de las muchas víctimas, relató cómo tuvo que desembolsar G. 120.000 en una autoescuela llamada Open 7 para obtener un certificado que, según las normas, debería incluir un curso de seis días. Sin embargo, lo que recibió fue un simple llenado de formularios que duró apenas unos minutos. A esto se suman otros pagos obligatorios, como G. 35.000 por un curso de primeros auxilios y G. 85.500 a la Municipalidad, elevando el costo total de la renovación a G. 240.500. Una cifra descomunal para una gestión que debería ser simple y accesible.

Lo más alarmante es que las autoescuelas, como Open 7, operan sin el mínimo control. Carecen de equipamientos adecuados para ofrecer cursos de manejo y cobran tarifas desproporcionadas con el argumento de ser “independientes”, como si eso las eximiera de cualquier regulación. Esta situación pone en evidencia la falta de fiscalización por parte de la Municipalidad y la permisividad de los concejales municipales, quienes deberían velar por los intereses de los ciudadanos.

El intendente Diego Ríos, quien ahora busca su reelección en 2026, no puede escapar de la responsabilidad que le cabe en este descalabro. Su gestión ha estado marcada por la desidia y la complicidad frente a abusos como este, permitiendo que las autoescuelas lucren a costa de la ciudadanía. Mientras tanto, los concejales municipales y la Contraloría Ciudadana de Minga Guazú permanecen en un cómodo silencio, convirtiéndose en cómplices de un sistema que precariza a los contribuyentes y normaliza la corrupción.

No es la primera vez que la administración de Diego Ríos se ve envuelta en denuncias de irregularidades. Sin embargo, lo que resulta más preocupante es la falta de mecanismos efectivos para corregir estas prácticas abusivas. La ausencia de controles adecuados y la opacidad en la gestión pública son terreno fértil para que estos atropellos sigan ocurriendo.

Es urgente que se adopten medidas inmediatas para poner fin a esta situación. Las autoescuelas que operan en convenio con la Municipalidad deben ser sometidas a estrictas auditorías y controles que garanticen transparencia y cumplimiento de las normativas. Además, la ciudadanía debe exigir una rendición de cuentas tanto al intendente Diego Ríos como a los concejales municipales, quienes hasta ahora han demostrado una preocupante falta de compromiso con su labor.

Minga Guazú merece una administración que ponga los intereses de la comunidad por encima de cualquier negocio turbio. Si las autoridades locales y los órganos de fiscalización no toman cartas en el asunto, estarán dejando claro que la corrupción y el abuso seguirán siendo la norma. La reelección de Diego Ríos en 2026 no solo representaría un retroceso para el municipio, sino también una señal de que la impunidad tiene carta blanca en Minga Guazú.

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