
El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayor, confirmó ayer que el traslado de todos los reos de la penitenciaría regional de Ciudad del Este al Centro de Reinserción Social de Minga Guazú se concretará a más tardar para junio de este 2025. Los vecinos del barrio Boquerón no pudieron ocultar su alegría tras el anuncio del tan esperado traslado de los internos de la cárcel Regional al nuevo penal de máxima seguridad ubicado en el km 20. Moradores y comerciantes de la zona, que durante años alzaron su voz exigiendo la desactivación del presidio celebraron la noticia dada a conocer por el titular de esa cartera de Estado. Durante años, la presencia de la cárcel en el barrio había sido motivo de preocupación constante debido a problemas de inseguridad y convivencia.
Nicora dijo que el Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue diseñado específicamente para reemplazar a la penitenciaría regional de Ciudad del Este, la cual se encuentra colapsada desde hace años. Actualmente, el penal cuenta con una población total de 1.692 reclusos, de los cuales solo un poco más de 500 están condenados, mientras que los otros 1.000 están procesados sin sentencia.
HACINAMIENTO
Cabe resaltar que el penal fue construido para albergar a 500 personas, número que actualmente está triplicado, generando un hacinamiento terrible que promueve todo tipo de incidentes, principalmente riñas que casi siempre terminan con un fallecido.
JUNIO
El ministro de Justicia mencionó que el proceso de la desactivación de la cárcel regional de Ciudad del Este comenzó el año pasado con la transferencia de 40 presos con condenas al presidio de Minga Guazú. Paralelamente, el Ministerio lleva a cabo un proceso de clasificación de los internos según su situación procesal (condenados y no condenados) y sus perfiles, con el objetivo de asignarlos a programas de reinserción social y laboral adecuados. De acuerdo con lo manifestado por el titular de la cartera de Justicia, la cárcel de “máxima seguridad” de Minga Guazú está totalmente culminada y lista para albergar a todos los reos.
FUNCIONARIOS CORRUPTOS
La penitenciaría regional de CDE continúa siendo un foco de denuncias por los altos niveles de corrupción. A pesar de las múltiples intervenciones y llamados de atención por parte de organismos de control, el ingreso de objetos prohibidos, como bebidas alcohólicas, drogas, armas blancas y aparatos celulares sigue siendo una problemática recurrente. Estas irregularidades, facilitadas presuntamente por la complicidad de algunos funcionarios penitenciarios, generan un clima de desconfianza entre la ciudadanía y cuestionamientos hacia las autoridades del penal.
El director de la penitenciaría, Benjamín Ozuna, rechazó categóricamente las acusaciones sobre la presunta implicancia de su personal en estas actividades ilícitas. Sin embargo, los hechos contradicen su postura. Durante un cateo realizado el pasado lunes, las autoridades requisaron nuevamente armas blancas de todo tipo y tamaño, celulares con sus respectivos cargadores y drogas, dejando en evidencia la corrupción que impera en la penitenciaría.
Estos hallazgos no solo exponen la fragilidad del sistema de control dentro del penal, sino que también reflejan la falta de medidas efectivas para erradicar la corrupción interna. Los ingresos de objetos prohibidos no serán posibles sin la participación directa o indirecta de los funcionarios encargados de la seguridad, lo que alimenta un círculo vicioso de ilegalidades que perpetúan la crisis en el sistema penitenciario.