La figura del empresario chino Long Jian, dueño de la maquiladora Hoahi S.A. y otras empresas, se ha convertido en un emblema de cómo las conexiones políticas pueden privilegiar a quienes deberían estar siendo investigados y sancionados. A pesar de las reiteradas denuncias de explotación laboral e incumplimientos graves del Código Laboral paraguayo, Jian goza de una posición privilegiada gracias al respaldo del gobierno, lo que no solo expone la falta de compromiso con los derechos laborales, sino también la opacidad en el manejo de los recursos públicos.
Un informe del Ministerio de Trabajo de julio de 2024 reveló las deplorables condiciones laborales en la planta de Hoahi S.A., en Ciudad del Este. Veintiocho empleados trabajaban sin seguro social, mientras la fábrica operaba sin equipos de protección adecuados, salidas de emergencia ni sistemas contra incendios. Sin embargo, estos hallazgos no son nuevos. Ya en 2021, se había detectado que la maquiladora ponía en riesgo la vida de sus empleados bajo condiciones igualmente precarias.
A pesar de ello, Jian fue reconocido en 2024 como uno de los principales generadores de empleo por la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay, con el respaldo oficial del gobierno. Este galardón, a todas luces inmerecido, no hace más que subrayar cómo el empresario ha sabido tejer un manto de influencia que lo protege de las sanciones y le permite consolidar su poder.
Pero los cuestionamientos no terminan en el ámbito laboral. Jian también ha extendido su alcance a millonarias licitaciones del Estado. Su empresa Kamamya S.A. fue adjudicada recientemente con un contrato de Itaipú Binacional para proveer mobiliario escolar por 276.348 millones de guaraníes (más de 35 millones de dólares). Este proceso fue duramente criticado: además de estar diseñado con especificaciones técnicas imposibles para la industria local, favorecía claramente a los materiales importados de China, país de origen de Jian. A esto se suma la falta de experiencia de Kamamya S.A. en el rubro de muebles, pues su actividad principal es la fabricación de frazadas.
La Asociación de Metalúrgicos del Paraguay denunció la maniobra como un golpe a la industria nacional, obligada a competir en condiciones desventajosas. Sin embargo, las denuncias no impidieron que Kamamya S.A. se quedara con el contrato. Todo apunta a que las conexiones de Jian con altas figuras del gobierno, incluido el vicepresidente Pedro Alliana, fueron determinantes en esta adjudicación. No es casualidad que Jian haya financiado viajes de parlamentarios oficialistas a China, lo que refuerza las sospechas de un intercambio de favores que lo beneficia directa y descaradamente.
El caso de Long Jian pone en tela de juicio los valores que supuestamente defiende el gobierno paraguayo. Mientras este empresario extranjero acapara contratos y reconocimientos, los derechos laborales de los trabajadores son pisoteados y la industria nacional queda relegada.
¿Es este el modelo de desarrollo que queremos para Paraguay? ¿Un modelo en el que las conexiones políticas pesan más que el mérito, la transparencia y el cumplimiento de la ley? Long Jian no es solo un empresario; es el reflejo de un sistema corrupto que necesita ser desmantelado si el país aspira a un futuro más justo y equitativo.