El decreto nº 3237, emitido por el Poder Ejecutivo, introdujo modificaciones al decreto nº 2063/2024, que regula el Régimen de Turismo de Compras (RTC). Los comerciantes de frontera celebraron los cambios realizados, teniendo en cuenta que permitirán recuperar la competitividad del comercio, al flexibilizarse los requisitos.
El decreto establece que los importadores deben cumplir con una antigüedad mínima de dos años en el circuito comercial. Esto debe demostrarse mediante la presentación de estados financieros de los últimos dos años previos a la inscripción. En caso de no cumplir con este requisito, se deberá presentar una garantía bancaria de USD 25.000, con una vigencia mínima de un año.
Además, los importadores deberán contar con un capital integrado mínimo de G. 300.000.000 y ser titulares de, al menos, una cuenta bancaria identificada en el sistema financiero local. Esta cuenta será utilizada para realizar transferencias de fondos destinados a los pagos de los bienes a importar y deberá evidenciar movimientos operativos correspondientes al último trimestre.
La normativa también introduce modificaciones al artículo 25, especificando que las habilitaciones para operar bajo el RTC tendrán una validez limitada, según lo determine la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Los bienes ingresados al inventario de los contribuyentes con anterioridad al decreto deberán ser vendidos conforme a las reglas vigentes en el momento de su adquisición.
Además, la DNIT elaborará un perfil de riesgo para cada contribuyente y sus representantes legales, tomando en cuenta factores como el historial de cumplimiento fiscal y los movimientos financieros. Este perfil será clave para determinar la continuidad de los beneficios otorgados bajo el RTC.
La DNIT podrá suspender a los beneficiarios del RTC si, durante los procesos de control o verificación, no se logra localizar al importador o a sus representantes legales en el domicilio registrado, o si estos no atienden las convocatorias de la institución sin justificación válida. El decreto busca también combatir la defraudación fiscal o el contrabando.
