TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Fiscalía tomará intervención sobre grave denuncia ambiental en San Cristóbal

El José Silguero (de saco), de la unidad especializada en delitos ambientales.

El fiscal José Silguero, de la unidad especializada en delitos ambientales, anunció su intervención en el caso de presunto delito ambiental en colonia Sapire, en el distrito de San Cristóbal. Esto luego de la publicación de La Clave que se hizo eco de la grave situación, registrada en una región donde la tala y quema intencional de al menos 100 hectáreas de bosque nativo generó alarma entre los habitantes. Según la denuncia, estas actividades, presuntamente realizadas en terrenos del sojero Robert Engelwart, miembro del “clan Engelwart,” buscan ampliar las áreas de cultivo de soja, una práctica que viola diversas leyes ambientales.

Los lugareños temen las repercusiones ambientales de estas acciones, como la pérdida de biodiversidad, el deterioro de los suelos, la contaminación del aire y la disminución de recursos naturales esenciales. Sin embargo, el miedo a represalias, debido a la influencia y prepotencia atribuida al «clan Engelwart», ha dificultado que más vecinos presenten denuncias formales.

“Estamos viendo cómo nuestros bosques desaparecen ante nuestros ojos, y esto afecta a toda la comunidad. No podemos permitir que sigan actuando con impunidad”, expresó un vecino que prefirió mantener el anonimato.

El caso se ve agravado por el historial del Clan Engelwart en la región. Ernesto Ángel Engelwart, exintendente de San Cristóbal, fue procesado en el pasado por lesión de confianza, lo que refuerza las percepciones de impunidad y abuso de poder en la comunidad.

La intervención anunciada por el fiscal Silguero se convierte en una esperanza para la comunidad, que exige justicia y acciones concretas por parte de las autoridades, como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y la Comisión Nacional de Defensa de los Ecosistemas (CONADE). Los habitantes instan a un monitoreo más riguroso y sanciones ejemplares para evitar la repetición de estas prácticas destructivas.

El caso no solo pone de manifiesto la necesidad de proteger los bosques de San Cristóbal, sino también de fortalecer la lucha contra la impunidad y el abuso de poder en la región. Las expectativas están ahora puestas en la intervención del Ministerio Público y en su capacidad para hacer cumplir la ley, garantizando la preservación del medio ambiente.

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