
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, presentó una recusación contra los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez y la fiscal adjunta María Soledad Machuca, que lo investigan por lesión de confianza y hechos punibles contra el patrimonio. Al justificar el pedido, busca garantizar un proceso imparcial y libre de influencias políticas.
Las investigaciones que pusieron a Prieto en la mira del Ministerio Público están relacionadas con las causas n° 6109/2020, que se refiere a supuesta lesión de confianza, y n° 7644/2021, por presuntas irregularidades en obras municipales. Entre estas, destaca el proyecto «Costanera Ñande Renda», un plan de desarrollo urbano impulsado por la Municipalidad para mejorar la calidad de vida en la ciudad. Aunque el Ministerio Público alega perjuicio patrimonial en la ejecución de estas obras, la defensa ha insistido en que las pericias realizadas han demostrado lo contrario.
Según la recusación, las actuaciones de los fiscales vulneraron sus derechos constitucionales. Uno de los puntos más polémicos es la supuesta negativa de los agentes fiscales a incorporar una pericia realizada en marzo de 2022, que, según la defensa, confirma la ausencia de daño patrimonial.
La defensa también señala que se ordenó una nueva pericia, cuyos resultados corroboraron la inexistencia de perjuicio económico. Sin embargo, denuncian que esta segunda pericia se llevó a cabo sin la debida notificación a sus representantes legales, violando el derecho a la defensa y el principio de objetividad, establecido en el artículo 54 del Código Procesal Penal.
Además, la recusación acusa a la fiscal adjunta María Soledad Machuca de permitir que los fiscales a su cargo actúen con arbitrariedad y de rechazar de forma sistemática las recusaciones presentadas en causas similares.
En su presentación, el intendente solicita que las investigaciones sean transferidas a fiscales que actúen con imparcialidad y transparencia, según lo establece el artículo 57 del Código Procesal Penal. Asimismo, pide que los legajos de las causas sean remitidos a la Fiscalía General del Estado para que sea esta la que resuelva la recusación planteada.