TIEMPO EN ALTO PARANÁ

Desaparición de pistola del despacho de fiscal evidencia irregularidades en Ministerio Público

Jorge Sosa, fiscal adjunto del Ministerio Público del Alto Paraná. Carolina Rosa Gadea, fiscal designada para investigar el hurto del arma de fuego. Estela Mary Ramírez, fiscal de la unidad especializada en hechos contra la violencia familiar.

Tras la desaparición de una pistola incautada como evidencia en un caso de violencia familiar, el diario La Clave destapó un escándalo que puso en jaque al Ministerio Público de Ciudad del Este. Los fiscales involucrados evitaron asumir responsabilidades, mientras el fiscal adjunto del Área Penal X, Jorge Sosa, permanece en silencio. Las sospechas recaen sobre dos asistentes fiscales, una practicante y la propia fiscal Estela Mary Ramírez, cuya gestión está siendo cuestionada por denuncias de corrupción y negligencia. Este caso, marcado por la opacidad y la falta de controles internos, podría terminar, como muchos otros, en el “oparei”, es decir, en la nada.

El hurto de la pistola está siendo investigado por la fiscal Carolina Rosa Gadea, quien ayer dijo a medios de comunicación que ya inició algunos trámites para aclarar el caso, sin embargo, hasta anoche no citó a ninguna de las funcionarias, e incluso a su propia colega, Estela Mary Ramírez, para prestar declaración indagatoria.

Las principales sospechas recaen sobre las asistentes Silvia Sánchez y Estela Arce, quienes tenían acceso directo al despacho de la fiscal. Sin embargo, las investigaciones también incluyen a la propia fiscal Estela Mary Ramírez y a su practicante de nombre Ámbar, debido a la gravedad del hecho y a la necesidad de esclarecer el destino del arma. La oficina de la fiscal Ramírez cuenta con cámaras de circuito cerrado en el salón principal, no así en su despacho, lo que dificultaría saber quien fue el responsable del hurto del arma de fuego, y dejó en su reemplazo una de juguete.

VULNERABILIDAD

La vulnerabilidad del Ministerio Público de Ciudad del Este, particularmente en el despacho de la fiscal Estela Mary Ramírez, está bajo la lupa. Recientes denuncias no solo han revelado la desaparición de evidencias clave, como una pistola calibre 9mm, incautada en un caso de violencia familiar, sino también la presunta pérdida de expedientes. Profesionales del derecho han señalado que esta no sería la única irregularidad en el despacho de la fiscal Ramírez. Aseguran que, de realizar una auditoría interna en dicha oficina, podrían destaparse prácticas preocupantes, como el encajonamiento de causas y el supuesto negociado de expedientes. Estas afirmaciones apuntan a una gestión marcada por la falta de control interno y la corrupción, que comprometen seriamente la autonomía del Ministerio Público.

FISCAL ADJUNTO SE LLAMÓ AL SILENCIO

Thiago Henric Días Campos, procesado en un caso de violencia familiar.

El caso reciente expone una problemática más profunda: la vulnerabilidad del sistema judicial, que debería garantizar la custodia segura de evidencias y expedientes. Ante esta situación, diversos sectores de la sociedad exigen investigaciones exhaustivas y reformas urgentes para combatir estas irregularidades y devolver la confianza en las instituciones. Pese al grave hecho que está siendo investigado por la fiscal Carolina Rosa Gadea, el fiscal adjunto Jorge Sosa, quien casi nunca está en su despacho, se llamó a silencio y no brindó ningún tipo de declaración a la prensa.

PRÓRROGA SIN EVIDENCIA

La fiscal Estela Mary Ramírez, encargada de la investigación de un hecho de violencia familiar, solicitó una prórroga para la presentación del requerimiento conclusivo, previsto inicialmente para hoy martes 14 de enero. Periodistas del diario La Clave confirmaron que el motivo de la solicitud obedeció exclusivamente a la desaparición a una de las evidencias de su despacho. Se trata de una pistola calibre 9mm, cuya marca y modelo se desconocen. Con la pistola también estaban una notebook de la marca Del, un aparato celular de la marca iPhone y otras evidencias que no fueron tocadas.

EL CASO

El domingo 13 de octubre del 2024 pasado, la fiscal Estela Mary Ramírez encabezó el allanamiento de una vivienda ubicada en el km 9 Acaray, a unos 1.500 metros de la Ruta PY02, de Ciudad del Este, donde procedieron a la detención del brasileño, identificado como Thiago Henric Días Campos, de 26 años, quien presuntamente habría maltratado física y psicológicamente a su pareja, a quien además amenazó de muerte con un arma de fuego, tras una discusión que mantuvieron por celos.

El procesado enfrenta cargos por violencia familiar y transgresión de la Ley de Armas. Él mismo actualmente goza de un arresto domiciliario a la espera de una audiencia preliminar o un eventual juicio oral, que con la pérdida de la evidencia sería casi improbable lograr una condena.

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