La promulgación de la Ley del Registro Unificado Nacional (RUN) por el presidente Santiago Peña marca un peligroso retroceso para la clase campesina e indígena de Paraguay. Bajo el pretexto de resolver problemas históricos de titulación de tierras y reducir la burocracia, esta iniciativa representa un intento velado de consolidar el poder de grandes terratenientes y empresarios vinculados al agronegocio, a costa de las comunidades más vulnerables del país.
La creación del RUN no es un hecho aislado, sino parte de una política que, lejos de atender las demandas históricas de campesinos e indígenas, parece diseñada para legalizar tierras malhabidas y perpetuar la desigualdad estructural en la distribución de tierras. Es un golpe directo a la ya debilitada reforma agraria, un tema fundamental en un país donde el 2% de los propietarios concentra el 85% de las tierras cultivables, mientras miles de familias rurales carecen de tierra para subsistir.
Particularmente alarmante es la posible desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), una institución imperfecta pero crucial en la lucha por la redistribución de tierras. La absorción de sus funciones por el RUN implicaría la eliminación de un organismo que, aunque limitado, ha sido durante décadas la única herramienta institucional para equilibrar las profundas desigualdades del campo.
Las organizaciones campesinas y sociales han alzado su voz, señalando que esta ley no solo ignora sus necesidades, sino que agrava su situación. Lejos de solucionar problemas, el RUN podría facilitar la concentración de tierras, desplazando aún más a las comunidades campesinas e indígenas, quienes ya enfrentan el despojo de sus territorios y la precarización de sus medios de vida.
El Colegio de Escribanos del Paraguay, por su parte, también ha manifestado su rechazo. Advierten que la ley carece de sustento técnico y jurídico, y que centraliza peligrosamente el poder en un organismo que podría funcionar sin los controles institucionales adecuados. La asignación de amplias atribuciones financieras al Poder Judicial, sin supervisión del Ejecutivo, es otro elemento que cuestiona la transparencia y la separación de poderes en la administración del RUN.
Esta legislación amenaza no solo la soberanía alimentaria del país, sino también la estabilidad social en el campo. Al consolidar las tierras en manos de pocos, el RUN podría profundizar los conflictos territoriales y relegar al olvido cualquier esperanza de una reforma agraria real.
El presidente Peña y su gobierno tienen aún la oportunidad de corregir el rumbo. En lugar de desmantelar el INDERT, es imperativo fortalecerlo, dotarlo de recursos y voluntad política para que cumpla su misión de garantizar el acceso a la tierra para quienes verdaderamente la necesitan.
De continuar con la implementación del RUN, el mensaje es claro: los intereses económicos y políticos de los sectores más poderosos prevalecen sobre las necesidades de las mayorías. El Paraguay rural quedará nuevamente a merced de quienes han acumulado riquezas ilegítimas, consolidando un sistema que atenta contra la justicia social, la equidad y el desarrollo sostenible.
La historia juzgará a quienes hoy toman decisiones que afectan a miles de familias campesinas e indígenas. Pero, más allá del juicio histórico, la lucha por la tierra sigue vigente.
