
Luego de una investigación de dos años, el Ministerio Público resolvió desestimar la denuncia presentada por dos concejales en contra del intendente de Hernandarias, Nelson Cano. Los ediles denunciaron al jefe comunal por lesión de confianza, asociación criminal, cohecho pasivo y otros delitos. Sin embargo, el agente fiscal Leonardi Guerrero, a cargo de la unidad 6 de delitos económicos y anticorrupción de la Capital, concluyó que no existen pruebas suficientes para respaldar las acusaciones.
Tras un minucioso análisis de la evidencia, el fiscal determinó que la Municipalidad, si bien adquirió e inscribió a su nombre 977 metros cuadrados pertenecientes a la secta Dios del Paraguay, fue sin realizar el pago correspondiente, mas los 100 m2, totalizando 1.077 m2, sin haber pagado. Finalmente, se llegó a un acuerdo conciliatorio para saldar la deuda por el valor de G. 3.900 millones. Este acuerdo, aunque por un monto inferior al inicialmente reclamado, preservó los intereses y puso fin a varios juicios en contra de la comuna.
Ante estos resultados, el fiscal solicitó al Juzgado penal de garantías en delitos económicos y anticorrupción, primer turno, a cargo del juez Humberto René Otazú, la desestimación de la causa. El juzgado, tras evaluar los argumentos presentados, resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Publico, dejando sin efecto la denuncia de los concejales.
Fuentes sugieren que los ediles Nilda Venialgo y Matti Ibarrola podrían haber presentado la denuncia con la intención de justificar su pobre gestión al frente de la Junta Municipal.