El presidente Santiago Peña promulgó ayer la polémica ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), una iniciativa que, según el Ejecutivo, busca resolver problemas históricos de titulación de tierras, eliminando la superposición de propiedades y reduciendo la burocracia. Sin embargo, esta medida generó un fuerte rechazo de diversos sectores sociales, políticos y gremiales, que advierten que su implementación podría consolidar un sistema desigual de distribución de tierras y sepultar definitivamente la Reforma Agraria.
Organizaciones campesinas e indígenas denunciaron que la creación del RUN responde a intereses de grandes terratenientes y sectores económicos vinculados al agronegocio. Aseguran que el proyecto no solo ignora las demandas históricas de estas comunidades, sino que también legaliza tierras malhabidas y beneficia a quienes acumularon grandes extensiones de territorio de manera irregular.
La posible desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), una de las instituciones más importantes en la lucha por la redistribución de tierras, es uno de los aspectos más cuestionados. La absorción del ente agrario por el RUN implicaría el fin de su rol histórico como garante de políticas públicas para el acceso a la tierra de campesinos e indígenas.
“Esta ley no está pensada para solucionar los problemas de las comunidades rurales, sino para consolidar el poder de quienes siempre han tenido el control de la tierra en Paraguay”, expresó un representante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC). Según ellos, el RUN marca el inicio de un proceso de concentración de tierras aún más agresivo, desplazando a las comunidades más vulnerables.
DESIGUALDAD EN DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS
Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de tierras en América Latina. Según estudios, el 2% de los propietarios concentra el 85% de las tierras cultivables, mientras que miles de campesinos e indígenas carecen de acceso a tierras para subsistir.
El INDERT, aunque imperfecto, ha sido durante décadas la única herramienta institucional para intentar corregir estas desigualdades mediante la redistribución de tierras. Su debilitamiento progresivo, especialmente durante gobiernos cercanos a intereses del agronegocio, ha minado su capacidad de acción, dejando a miles de familias sin respuestas.
Con la creación del RUN, las organizaciones sociales temen que los avances en la Reforma Araria, aunque limitados, se pierdan definitivamente. “Esto es un retroceso que pone en riesgo nuestra soberanía alimentaria y la justicia social en el campo”, advierten.
COLEGIO DE ESCRIBANOS PIDIÓ EL VETO
El Colegio de Escribanos del Paraguay también manifestó su rechazo al RUN. Gustavo Benítez, presidente del gremio, calificó la ley como una amenaza para la seguridad jurídica y criticó su falta de sustento técnico y análisis profundo. “El RUN no solucionará los problemas catastrales; al contrario, centraliza el poder en un organismo que carece de equilibrio institucional”, afirmó Benítez.
También mencionó la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad, argumentando que el proyecto vulnera principios fundamentales de la república al otorgar amplias atribuciones al Poder Judicial en temas administrativos.
Otro punto polémico es la administración de recursos financieros por parte de la Corte Suprema de Justicia, lo que, según Benítez, viola el principio de separación de poderes. “Los ingresos generados por este sistema deben ser manejados por el Ejecutivo para garantizar transparencia. No podemos permitir que el Poder Judicial funcione como un ente autónomo financiero, sin control alguno”, subrayó.
NUEVA ETAPA DE EXCLUSIÓN
La promulgación del RUN representa, para muchos, una nueva etapa de exclusión y desigualdad en el campo paraguayo. La eliminación del INDERT, junto con la concentración de funciones en un organismo centralizado, deja a campesinos e indígenas en una posición aún más vulnerable frente a los grandes terratenientes y sojeros que dominan el paisaje agrario del país.
En un contexto de crecientes desigualdades y conflictos sociales, el RUN podría ser el golpe final para las esperanzas de una reforma agraria real y efectiva. “Estamos viendo cómo las políticas públicas se alinean cada vez más con los intereses de los sectores poderosos, mientras las comunidades rurales son empujadas al olvido”, lamentó un dirigente campesino.
Las organizaciones sociales y gremiales instan al Gobierno a reconsiderar la implementación del RUN y a fortalecer en su lugar las instituciones existentes, como el INDERT, dotándolas de recursos y voluntad política para cumplir su misión. Para los críticos, la promulgación del RUN es un símbolo de cómo el poder económico sigue marcando la agenda nacional, dejando a las mayorías rurales fuera del desarrollo.
