El eco del caso del exgobernador de Central, Hugo Javier González, condenado a 10 años de prisión por el uso indebido de más de G. 5 mil millones, lleva a preguntarse al concejal Hugo Mendoza, a través de las redes sociales, “¡Por Franco cómo andamos!?” La interrogante no es casual ni caprichosa. Mendoza apunta directamente a irregularidades admitidas por el propio intendente Roque Godoy.
La denuncia gira en torno a una obra que fue pagada a pesar de no haber sido concluida. Lo que genera mayor inquietud es que, según el edil, el certificado de finalización de la obra fue expedido por la dirección de obras sin que las labores hayan concluido.
El desenlace de la situación fue justificado por las autoridades municipales con una explicación que despierta más preguntas que respuestas. Según Godoy, la parte pendiente de la obra no fue abonada por la Municipalidad, sino que fue asumida como una “donación” por la empresa contratista. La explicación, lejos de tranquilizar, ha suscitado indignación y desconfianza.
Mendoza no se quedó de brazos cruzados. Solicitó documentación relativa a adjudicaciones directas, licitaciones públicas y transferencias, pero su esfuerzo se topó con un muro de silencio. La falta de respuesta lo llevó a pedir el allanamiento de oficinas para asegurar evidencias y obtener documentos claves, una medida que, hasta la fecha, no ha sido ejecutada.
La situación de Presidente Franco, al igual que el caso de Hugo Javier en Central, grafica el frágil estado de transparencia en la administración pública del país. La corrupción, un mal endémico que ha carcomido las instituciones, encuentra en la falta de acción judicial un cómplice silente. “Cualquier parecido con el modus operandi en la Municipalidad de Presidente Franco es mera coincidencia”, ironizó Mendoza.
Pero los ciudadanos ya no creen en coincidencias. La lucha contra la corrupción se torna una cruzada ciudadana, donde las redes sociales se convierten en tribunas para las denuncias que, de otro modo, quedarían sepultadas bajo el peso del olvido. Organizaciones como la Contraloría Ciudadana abrieron un nuevo frente donde están presionando por mecanismos legales para saber cómo se invierte el dinero público en el municipio.
