A casi un año de abrir causa penal por sustracción de energía eléctrica con fines de producir criptomonedas, el fiscal Julio Paredes resolvió imputar a un exparlamentario colorado de Alto Paraná, residente en la ciudad de Presidente Franco. Habría utilizado un inmueble de su propiedad ubicado en el distrito de Yguazú para la comisión del hecho punible del ahora imputado, con pedido de medidas menos gravosas.
El escrito de imputación contra Concepción Quintana López, de 67 años, obra en el juzgado penal de garantías a cargo del magistrado Nelio Prieto, a quien se solicitó la suspensión de la ejecución de la prisión preventiva, en atención a que la causa fue abierta antes de la modificación de la expectativa de pena que convierte a la tipificación de sustracción de energía eléctrica en crimen.
Su propiedad en el distrito de Yguazú fue allanada el 15 de enero del año pasado, tras denuncia formulada por la asesoría jurídica de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que detectó la irregularidad.
CONEXIÓN DIRECTA
El exparlamentario colorado habría utilizado una conexión directa en una línea de media tensión para proveer de energía eléctrica a máquinas mineradoras de criptoactivos, según se determinó durante el allanamiento por la comitiva fiscal. En la oportunidad, hallaron transformadores de corriente de gran porte para la instalación de conexiones clandestinas, en número de dos, incautados por orden de la Fiscalía.
Las documentaciones halladas en el lugar allanado confirmaron que la propiedad fue transferida a Quintana López por el ciudadano de origen japonés, Soari Obara. El fiscal Paredes enumeró los elementos de sospecha contra el procesado, incluyendo mediciones efectuadas por funcionarios de la estatal al consumo interno de la granja mineradora de bitcoins, cuyas evidencias fueron ofrecidas al juzgado.
OTRA DENUNCIA
La misma propiedad fue allanada igualmente el 10 de abril de 2023, siempre a pedido de la asesoría jurídica que confirmó con antelación la existencia de sustracción de energía eléctrica, tras mediciones de consumo en el lugar de los hechos. Las instalaciones fueron desmanteladas por la comitiva fiscal-policial y las máquinas mineradoras incautadas y trasladadas en guarda a los depósitos del Ministerio Público.
Atendiendo la similitud de los hechos investigados, es probable que la Fiscalía solicite ante el juzgado penal de garantías la unificación de la causa para su discusión en un solo contradictorio público.
