El reciente paquete de cambios masivos implementado por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en el Ministerio Público del Área X, departamento de Alto Paraná, genera una ola de críticas tanto dentro como fuera de la Fiscalía. Según diversas fuentes, incluyendo abogados y funcionarios de la misma institución, estas movidas no solo carecen de sentido, sino que profundizan las deficiencias de un sistema judicial ya bastante golpeado por la desconfianza ciudadana. Algunos fiscales muy cuestionados, como Edgar Torales, fueron nuevamente “premiados” y regresan a finales de febrero al Alto Paraná, pese a sus nefastos antecedentes.
A través de la resolución n° 5436, Rolón dispuso la reasignación de varios fiscales, un proceso que, lejos de mejorar la eficiencia, parece responder más a cuestiones de afinidades políticas y personales que a una necesidad real de optimizar los servicios de justicia. Esta política de cambios constantes, sin justificación clara, refleja la falta de dirección y liderazgo en la Fiscalía General, cuya gestión ha sido duramente cuestionada desde su asunción en marzo de 2023.
Uno de los cambios más polémicos es el traslado del fiscal Edgar Modesto Torales a la Fiscalía Zonal de Yguazú, lo cual ha generado un gran malestar dentro de la comunidad jurídica y la ciudadanía. Torales, quien previamente fue destinado a Caaguazú, es conocido por su historial de denuncias de acoso sexual a funcionarias de su unidad fiscal.
En lugar de ser sometido a una investigación interna por su comportamiento, fue “premiado” con una nueva asignación, lo que pone en evidencia la falta de compromiso de Rolón con la lucha contra la impunidad dentro de sus propios funcionarios. Esta decisión refuerza la sensación de que, bajo su mandato, los intereses personales y políticos prevalecen sobre el cumplimiento de la ley y el deber ético.
Asimismo, la asignación del fiscal Julio César David Paredes Duarte como titular de la unidad especializada de hechos punibles contra la propiedad intelectual y contrabando n° 2 ha levantado serias dudas sobre la transparencia de las designaciones. Paredes Duarte no solo ha sido señalado por su falta de experiencia en áreas clave, sino que además su hermano mantiene estrechos lazos con el expresidente Horacio Cartes, quien sigue siendo una figura influyente en la política paraguaya. Esto refuerza la percepción de que los nombramientos se realizan bajo criterios políticos, en lugar de ser basados en el mérito y la capacidad profesional.
FISCAL ADJUNTO INOPERANTE
En paralelo, la inoperancia del fiscal adjunto de Alto Paraná, Jorge Sosa, ha sido otro de los puntos álgidos en las críticas a la gestión de Rolón. Sosa, quien debería velar por la correcta administración de la justicia en uno de los departamentos más cruciales del país, es acusado de limitar su presencia a las visitas durante los fines de semana, sin ningún tipo de intervención significativa en los asuntos cotidianos de la Fiscalía. Este comportamiento, que no pasa desapercibido para la ciudadanía y los trabajadores de la Fiscalía, refuerza la imagen de un Ministerio Público desconectado de las realidades locales y más preocupado por la obtención de “regalías” que por hacer frente a los desafíos que enfrenta la justicia en la región.
La falta de presencia efectiva de Sosa y su aparente desinterés en los problemas estructurales del Ministerio Público de Alto Paraná subraya la gestión débil e indolente de la Fiscalía General, cuyo liderazgo parece estar más centrado en mantener acuerdos informales y beneficios personales que en implementar cambios significativos para el fortalecimiento del sistema judicial.
Desde su llegada al cargo, Emiliano Rolón ha sido objeto de críticas por la falta de resultados en casos de gran relevancia, como el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia, perpetrado por sicarios. La inacción de la Fiscalía General en este caso y en otros de alto perfil ha sido motivo de desconcierto en la sociedad. En lugar de avanzar con rapidez y eficiencia en las investigaciones, Rolón y su equipo han demostrado una alarmante indiferencia por esclarecer hechos graves que involucran a figuras clave del sistema judicial y la seguridad pública.
El clima de desconfianza ha crecido aún más, debido a la política de Rolón de priorizar casos mediáticos y aquellos que involucran grandes sumas de dinero, en detrimento de los casos de la ciudadanía más vulnerable. Los paraguayos, especialmente en las zonas más carenciadas, sienten que el Ministerio Público está abandonado, sin atención a sus necesidades y sin ninguna acción efectiva en los problemas que afectan a su vida diaria.
FISCALÍA SIN RUMBO
Las recientes movidas dentro del Ministerio Público de Alto Paraná, que incluyen cambios en las fiscalías de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Minga Porã, son interpretadas como un intento superficial de reorganizar la estructura, pero sin atender los problemas de fondo que aquejan a la institución. Los agentes fiscales afectados por estas reasignaciones, aunque probablemente comprometidos en su trabajo, se ven sometidos a constantes cambios que dificultan la continuidad y la eficiencia de los procesos judiciales. Esto solo demuestra la falta de planificación y de un plan de acción coherente en la Fiscalía General.
Por otro lado, las deficiencias presupuestarias continúan siendo una barrera para el correcto funcionamiento del Ministerio Público, lo que agrava aún más la situación. Mientras Rolón ordena cambios sin sentido, el edificio de la Fiscalía en Ciudad del Este sigue deteriorado, sin recursos suficientes para cumplir con sus funciones de manera eficiente. La escasez de medios y personal calificado en la zona limita severamente la capacidad de los fiscales para abordar los casos que requieren atención urgente.
Las decisiones de Emiliano Rolón, en lugar de fortalecer la Fiscalía, han generado más caos e incertidumbre. Las movidas sin sentido, la premiación de fiscales cuestionados, la falta de presencia del fiscal adjunto Jorge Sosa y la inacción ante casos emblemáticos son claros ejemplos de una gestión que ha fallado en su propósito de mejorar el sistema judicial.
