Desde el pasado 2 de enero, rigen nuevas tarifas en los puestos de peaje administrados por la concesionaria Tape Porã en la Ruta PY02. Los incrementos, aplicados en dos etapas, elevarán la tarifa básica a G. 18.000 en el inicio del año, y se espera un nuevo ajuste de G. 1.000 en julio próximo. Esta medida genera un fuerte rechazo entre los conductores, que consideran que el costo no guarda relación con el pésimo estado de la ruta en varios tramos.
Los tramos concesionados, que abarcan desde Caaguazú hasta Minga Guazú, presentan una alarmante dejadez. Hundimientos, baches, banquinas deterioradas y una señalización deficiente son problemas recurrentes. Durante la noche, la falta de reflectores en las líneas y la acumulación de agua en días de lluvia convierten la ruta en un peligroso desafío para los automovilistas, situación que ha derivado en numerosos accidentes.
A pesar de estos problemas, la concesionaria justifica los aumentos argumentando que los ingresos adicionales se destinarán a mejoras, incluyendo bacheos, limpieza y señalización. Sin embargo, los conductores aseguran que las condiciones de la ruta contradicen estas promesas, generando dudas sobre el uso real de los recursos.
CONCESIÓN CUESTIONADA
La concesionaria Tape Porã logró asegurar la gestión de importantes tramos de la Ruta PY02 hasta 2053, durante el gobierno de Horacio Cartes. Actualmente, administra 140 kilómetros entre los distritos de Caaguazú y Ciudad del Este, con ingresos mensuales millonarios provenientes de los peajes. Sin embargo, en lugar de mejorar la infraestructura vial, las denuncias señalan negociados y manejos oscuros en complicidad con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
GASOLINERAS EN ESPACIOS PÚBLICOS
Uno de los casos más controversiales involucra la instalación de gasolineras del emblema Integral (Grupo Bahía) en espacios públicos a lo largo de la Ruta PY02. Estas estaciones, ubicadas en puntos estratégicos como el km 11 de Ciudad del Este, Juan León Mallorquín y Pastoreo, fueron construidas en zonas de dominio público sin las correspondientes expropiaciones. Fuentes confiables aseguran que estas obras fueron posibles gracias a acuerdos irregulares entre Tape Porã, funcionarios del MOPC y empresas privadas.
Esta situación ha desatado críticas contra el gobierno paraguayo, señalado como cómplice de estos desmanes. Mientras los responsables llenan sus bolsillos mediante maniobras cuestionables, la ciudadanía es obligada a pagar tarifas exorbitantes por un servicio que no satisface las necesidades mínimas de seguridad y calidad.
El estado deplorable de la Ruta PY02 y los abusivos costos del peaje son un reflejo del fracaso de las autoridades para priorizar los derechos de los ciudadanos sobre intereses particulares. El gobierno y el MOPC, lejos de fiscalizar y exigir mejoras reales a la concesionaria, parecen genuflexos ante un esquema que beneficia a un grupo empresarial, en detrimento de la mayoría.
