La reciente sanción del proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN) por parte de la Cámara de Diputados ha puesto en alerta a vastos sectores del país, especialmente a las organizaciones campesinas e indígenas que ven en esta normativa una grave amenaza para la justicia agraria. Ahora, el destino de este controvertido proyecto está en manos del Poder Ejecutivo, cuya decisión definirá si Paraguay avanza hacia una solución real de los problemas de tierra o, por el contrario, perpetúa un modelo de concentración desigual que ha marcado la historia del campo.
El RUN, según sus defensores, pretende modernizar y centralizar las funciones catastrales del país, fusionando la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia bajo la tutela de la Corte Suprema de Justicia. Argumentan que esta centralización solucionará problemas como la superposición de tierras y la excesiva burocracia que impide un manejo eficiente del catastro nacional. Sin embargo, detrás de esta promesa de modernización se oculta una realidad mucho más sombría: la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), principal herramienta histórica para la distribución de tierras.
La absorción del INDERT no es un simple ajuste burocrático. Esta institución, aunque imperfecta, ha sido clave en la lucha por el acceso a la tierra para campesinos e indígenas. Su eliminación equivale a sepultar la posibilidad de implementar una verdadera reforma agraria en Paraguay, un país donde la concentración de tierras sigue siendo una de las más altas del continente. Es más, los críticos denuncian que el RUN busca, en realidad, legalizar tierras malhabidas, beneficiando a grandes terratenientes y empresarios con nexos políticos.
Detrás del impulso a esta ley aparecen intereses oscuros que responden a un esquema de poder bien definido. La administración del INDERT, encabezada por Francisco Ruiz Díaz, ha sido cuestionada por su inacción y presunta complicidad para debilitar la institución desde adentro. No es casualidad que sectores vinculados al Cartismo y al poder económico sean los principales promotores de este proyecto. La centralización del catastro bajo el control de la Corte Suprema de Justicia, una institución que también carga con acusaciones de manejos irregulares, genera fundados temores sobre el uso discrecional del RUN para beneficiar a los más poderosos.
El impacto de esta ley será devastador para las comunidades más vulnerables del país. Mientras los grandes terratenientes celebran lo que será un blanqueo de tierras obtenidas de manera irregular, miles de campesinos e indígenas quedarán sin herramientas para defender sus derechos históricos sobre la tierra. El RUN, lejos de resolver las deudas estructurales del Estado en materia catastral, abrirá un nuevo ciclo de despojo, desigualdad y conflictividad en el campo paraguayo.
Resulta alarmante, además, la forma en que este proyecto ha sido impulsado. No hubo una consulta amplia con las organizaciones sociales ni un debate serio sobre las consecuencias de eliminar al INDERT. Todo indica que estamos frente a una movida política que prioriza los intereses de unos pocos en detrimento de la mayoría. La centralización de funciones no puede confundirse con modernización, especialmente cuando lo que está en juego es el futuro de miles de familias campesinas.
El Poder Ejecutivo tiene ahora la responsabilidad histórica de decidir si este país continuará postergando la justicia agraria o si, por el contrario, se pondrá freno a esta normativa que amenaza con dinamitar las esperanzas de redistribución de tierras. Promulgar el RUN sería un error irreversible que profundizaría las brechas sociales y garantizaría el control de la tierra por parte de los mismos sectores que han lucrado con el despojo durante décadas.
Paraguay no necesita centralización en manos de poderes políticos y económicos, sino una reforma agraria integral y equitativa. Las organizaciones campesinas e indígenas, que ya han anunciado movilizaciones, están en lo correcto al advertir que el RUN representa una estocada mortal a sus derechos históricos. El país no puede permitirse retroceder en un tema tan crucial.
El presidente de la República tiene la última palabra. Vetar el proyecto no solo sería un acto de justicia, sino una señal clara de que el Estado sigue comprometido con los sectores más postergados y no con los intereses de unos pocos. El campo paraguayo, que ha sido testigo de tantas injusticias, no merece que sus derechos sean enterrados bajo el peso de una ley hecha a medida de los poderosos.
