La Cámara de Diputados sancionó ayer el proyecto de ley que crea el Registro Unificado Nacional (RUN), dejando su promulgación en manos del Poder Ejecutivo. Esta normativa, presentada como una herramienta de modernización y eficiencia para resolver problemas catastrales históricos, ha desatado una fuerte polémica entre diversos sectores del país, que advierten sobre sus graves implicancias para el campo paraguayo.
La legislación, que fue tratada como primer punto en el orden del día, obtuvo la ratificación de la versión aprobada previamente en el Senado, con 65 legisladores presentes. El RUN centralizará las funciones de la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia bajo una única entidad que será controlada por la Corte Suprema de Justicia.
El Poder Ejecutivo argumenta que esta centralización permitirá simplificar los trámites relacionados con el registro de bienes inmuebles y solucionar problemas como la superposición de tierras —estimada en unas 300.000 hectáreas— y la excesiva burocracia. Sin embargo, críticos del proyecto alertan que su verdadera intención es favorecer a grandes terratenientes y sectores privados, sepultando la anhelada Reforma Agraria y eliminando al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
DUROS CUESTIONAMIENTOS
El INDERT, que históricamente ha tenido la misión de distribuir tierras a comunidades campesinas e indígenas, se perfila como la principal víctima de esta reforma. Al ser absorbido por el RUN, la institución perdería su rol clave en la implementación de políticas de acceso a la tierra. Organizaciones campesinas y sociales denuncian que esta medida, impulsada principalmente por sectores vinculados al cartismo, responde a intereses privados que buscan legalizar tierras malhabidas y perpetuar el control de grandes extensiones en manos de unos pocos.
Para muchos críticos, la desaparición del INDERT no es un simple cambio burocrático, sino un golpe directo a la Reforma Agraria, que lleva décadas como una deuda pendiente en Paraguay. “Este proyecto concentra aún más el poder en manos de quienes siempre han controlado la tierra en el país”, señalaron voceros de organizaciones campesinas, que ven en el RUN una amenaza a sus derechos históricos.
Además, las sospechas crecen sobre el presidente del INDERT, Francisco Ruiz Díaz, quien ha sido criticado por su inacción y presunta complicidad en el impulso de esta ley. Diversas denuncias apuntan a que su gestión ha facilitado el debilitamiento de la institución, allanando el camino para su eventual desaparición.
CONCENTRACIÓN DE TIERRAS Y DESIGUALDAD
La implementación del RUN no solo implica la fusión de instituciones catastrales, sino que abriría la puerta a una centralización del poder en la Corte Suprema de Justicia, lo cual genera temores sobre posibles abusos y manejos irregulares. Para los sectores campesinos e indígenas, esta reforma representa el riesgo de que las tierras históricamente cuestionadas queden bajo el control de empresarios y terratenientes, consolidando así un modelo de concentración desigual de tierras que profundizaría las brechas sociales en el país.
El RUN, lejos de resolver los problemas estructurales del catastro nacional, podría significar el blanqueo de tierras malhabidas, beneficiando a sectores con influencia política y dejando a las comunidades más vulnerables sin herramientas para defender sus derechos sobre la tierra.
La creación del RUN, con el respaldo político de sectores vinculados al poder económico y sin una consulta pública amplia, pone en riesgo el futuro del campo paraguayo. La eliminación del INDERT y la concentración de funciones bajo un organismo centralizado suponen el fin de un sistema que, aunque imperfecto, ha representado una herramienta clave en la lucha por la redistribución equitativa de tierras. En un país donde las demandas de campesinos e indígenas han sido históricamente postergadas, la aprobación del RUN podría ser la estocada final para la Reforma Agraria, enterrando las esperanzas de justicia social y garantizando, en cambio, un nuevo ciclo de despojo y concentración de tierras.
Las organizaciones sociales y campesinas ya han anunciado movilizaciones y acciones legales para frenar esta normativa, mientras la atención se centra ahora en la decisión del Poder Ejecutivo. Si el RUN es promulgado, Paraguay podría estar dando un paso atrás en su compromiso con la justicia agraria, dejando el destino del campo en manos de unos pocos poderosos.
