La presencia de agentes de policía actuando de civil en el Departamento de Investigaciones del Alto Paraná no solo genera confusión, sino que pone en grave peligro la seguridad de la ciudadanía. Si bien el cuerpo policial ha estado bajo constantes acusaciones por su inoperancia y posible complicidad con actividades delictivas, la última preocupación es la creciente dificultad para distinguir entre agentes policiales y delincuentes comunes. Este problema no solo exacerba la inseguridad, sino que también socava la confianza en las fuerzas del orden.
El Departamento de Investigaciones del Alto Paraná ha sido señalado por su incapacidad para enfrentar la ola de criminalidad que afecta a ciudades como Ciudad del Este, Presidente Franco y Minga Guazú. Un ejemplo claro de su ineficacia se ve en el robo ocurrido en el kilómetro 20 de Minga Guazú, donde se sustrajeron casi 500 teléfonos celulares de alta gama. Los responsables siguen en libertad y el botín continúa perdido. La pregunta es: ¿estamos frente a la incompetencia de un cuerpo policial desbordado, o peor aún, ante una complicidad directa con los delincuentes?
La situación empeora cuando, además de no actuar de manera efectiva, los agentes de Investigaciones se presentan como civiles, confundiendo a la ciudadanía y facilitando el trabajo de los criminales. El caso de un joven aparentemente raptado en el barrio Boquerón de Ciudad del Este, captado en cámaras de seguridad, refleja una alarmante falta de control: un individuo de civil, que podría ser un policía, golpea al joven y lo obliga a subir nuevamente a un vehículo. Lo más perturbador es la falta de informes oficiales sobre el incidente, lo que abre la puerta a especulaciones peligrosas. ¿Fueron realmente agentes de Investigaciones, actuando de civil, o se trató de delincuentes que se hicieron pasar por policías?
Este tipo de confusión no es aislado. La práctica de los agentes actuando de civil se ha vuelto una constante en la región, lo que permite que los delincuentes se disfracen de autoridades para perpetrar asaltos y otros crímenes. La sensación de inseguridad se incrementa, pues, ¿cómo puede la ciudadanía confiar en que está recibiendo protección cuando no sabe si la persona que se le acerca es un policía o un criminal?
El caso del suboficial Francisco Peralta, filmado realizando un allanamiento ilegal y cometiendo actos de secuestro, tortura y extorsión en mayo pasado, pone de manifiesto un patrón de abuso y abuso de poder. A pesar de las denuncias públicas, no ha habido una respuesta efectiva ni por parte de la policía ni por las autoridades correspondientes. Esto refleja la falta de rendición de cuentas y el peligroso descontrol que existe dentro de este cuerpo policial.
La actuación de los agentes de Investigaciones del Alto Paraná en civil no solo destruye la confianza en la Policía Nacional, sino que, lo que es más grave, pone en riesgo la vida y seguridad de los ciudadanos. Es urgente que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto, depurando este cuerpo policial y garantizando que aquellos responsables de cometer actos delictivos bajo el uniforme de la ley sean castigados de acuerdo con la ley. La seguridad de la ciudadanía no puede seguir siendo comprometida por la impunidad y la confusión generadas por agentes que actúan al margen de la ley.
