La reciente intervención policial y militar en la penitenciaría regional de Ciudad del Este, que resultó en la incautación de herramientas, armas blancas y drogas, pone de manifiesto una vez más las graves falencias del sistema penitenciario paraguayo. Este hecho no solo evidencia la preocupante autonomía con la que operan los internos, sino también la debilidad estructural y de gestión en las cárceles del país.
El hallazgo de laboratorios clandestinos y herramientas para excavaciones en un pabellón habitado por miembros del Primer Comando Capital (PCC) demuestra que estos grupos criminales continúan ejerciendo un control alarmante dentro de los penales. Las cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación y reinserción social, se han convertido en bases operativas del crimen organizado, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y socavando el propósito de justicia.
Aunque el Congreso ha extendido nuevamente el estado de emergencia penitenciaria, esta medida no puede seguir siendo una solución permanente. La declaración de emergencia, si bien permite canalizar recursos de manera más expedita, refleja una falta de planificación y estrategia a largo plazo por parte de las autoridades. Es imprescindible que el Ministerio de Justicia, junto con otras instituciones del Estado, aborde los problemas de fondo: el hacinamiento extremo, el déficit de personal capacitado, la corrupción interna y la influencia de grupos criminales.
La propuesta presentada en la Cámara de Diputados, que incluye la mejora de infraestructura, la compra de equipos tecnológicos y la capacitación del personal, es un paso necesario, pero insuficiente. Sin una política integral que contemple no solo la construcción de nuevas instalaciones, sino también un cambio profundo en la gestión penitenciaria, el país continuará atrapado en un ciclo de crisis.
Además, resulta imperativo que el Gobierno tome medidas drásticas para reducir la influencia de grupos como el PCC dentro de los penales. Esto incluye no solo el traslado de líderes criminales a centros de máxima seguridad, como se hizo recientemente, sino también garantizar que estas medidas sean sostenibles y efectivas. La seguridad dentro de las cárceles no puede depender de acciones reactivas; requiere un enfoque preventivo y constante.
El diputado Hugo Meza ha planteado una propuesta sensata al instar al Ministerio de Justicia a diseñar un plan alternativo que evite la necesidad de declarar estados de emergencia de manera recurrente. Este plan debería incluir objetivos claros y medibles, como la reducción de la sobrepoblación carcelaria y la implementación de programas de rehabilitación efectivos.
La situación actual de las penitenciarías es una amenaza directa a la seguridad pública y un reflejo de la ineficacia del Estado en garantizar un sistema de justicia que funcione. No se trata solo de construir más cárceles, sino de construir un sistema penitenciario que cumpla con su propósito de manera eficiente y humana. Es hora de que el Gobierno y las autoridades competentes asuman con seriedad esta tarea, porque la seguridad y la justicia no pueden seguir siendo rehén de la improvisación y la negligencia.
