Las recientes decisiones de la Junta Municipal de Presidente Franco han puesto en entredicho la transparencia y la responsabilidad fiscal en la administración del intendente Roque Godoy. En menos de dos semanas, se han aprobado licitaciones por más de 4.800 millones de guaraníes bajo la cuestionada modalidad Ad Referéndum, una herramienta que debería ser de uso excepcional, pero que en esta gestión parece haberse convertido en norma.
Estas aprobaciones, destinadas a construcciones escolares y empedrados, carecen de la planificación y la socialización que deberían caracterizar el uso de fondos públicos. No hay claridad sobre las instituciones beneficiadas ni los detalles técnicos de las obras, como denunció el concejal Hugo Mendoza, el único miembro de la Junta que se ha atrevido a cuestionar este desorden administrativo.
Más preocupante aún es la continuidad de Cristian Ortiz como director de Obras, pese a las denuncias por irregularidades graves, incluida la certificación de una obra inexistente. La falta de sanciones a funcionarios cuestionados no solo mina la confianza en la administración municipal, sino que también envía un mensaje alarmante: la impunidad tiene cabida en Presidente Franco.
El uso recurrente de licitaciones Ad Referéndum, que permiten evadir controles estrictos, pone en riesgo la capacidad fiscal del municipio y contradice principios básicos de transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué criterios se están utilizando para priorizar obras? ¿Cómo se garantiza que los recursos públicos lleguen a quienes más los necesitan? La respuesta parece ser el silencio.
La Ley 7021, que regula la transparencia en las administraciones municipales, establece obligaciones claras que esta gestión no está cumpliendo. La ciudadanía merece conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos. En este caso, las explicaciones vagas y las justificaciones de urgencia no son suficientes para despejar las dudas que rodean estas millonarias licitaciones.
Es imperativo que la Junta Municipal asuma su rol de contralor. La mayoría oficialista debe recordar que su función no es ser un apéndice del Ejecutivo, sino un órgano de fiscalización comprometido con el bienestar colectivo. Normalizar prácticas opacas y decisiones arbitrarias solo profundiza la desconfianza ciudadana y perpetúa un sistema que privilegia intereses particulares por encima del bien común.
La transparencia no es opcional; es una obligación. La Municipalidad de Presidente Franco debe demostrar que está a la altura de los principios de responsabilidad fiscal y rendición de cuentas que exige la ley y la población. Esto implica no solo garantizar la planificación adecuada de las obras, sino también actuar con firmeza ante las irregularidades y los funcionarios cuestionados. De lo contrario, el daño a la institucionalidad será irreparable, y los costos recaerán sobre quienes menos tienen: los ciudadanos de Presidente Franco.
