La Junta Municipal de Presidente Franco aprobó en su última sesión ordinaria un llamado a licitación por la modalidad Ad Referéndum, por un monto de G. 3.730 millones, destinado supuestamente a construcciones en instituciones educativas públicas del municipio. Esta decisión se suma a otra aprobación similar, realizada la semana pasada, que ascendió a 1.100 G. millones para la construcción de empedrados, acumulando más de G. 4.800 millones en licitaciones bajo esta cuestionada modalidad.
El único concejal que se opuso nuevamente fue Hugo Mendoza (ANR), quien criticó duramente la falta de transparencia en la gestión del intendente Roque Godoy (PLRA). Durante la sesión, Mendoza señaló que este tipo de licitaciones compromete la capacidad fiscal del municipio y permite que el ejecutivo evada controles estrictos. “El director de obras, Cristian Ortiz, sigue a cargo de estos procesos pese a las denuncias y cuestionamientos en su contra. No hay socialización ni claridad sobre las instituciones beneficiadas ni los detalles técnicos de las obras. Este cuerpo colegiado no está cumpliendo su rol de control”, sentenció Mendoza.
El concejal destacó que la modalidad Ad referéndum debería ser utilizada únicamente en casos excepcionales, con una planificación y transparencia rigurosas, cualidades que no se reflejan en la administración actual. Mendoza también recordó que Ortiz, encargado de la ejecución de las obras, enfrenta denuncias por irregularidades, incluida la firma de documentos que certificaban una obra inexistente en el polideportivo municipal.
En cuanto a las licitaciones recientes, Mendoza cuestionó el criterio empleado para seleccionar las instituciones educativas y las zonas de construcción, alegando que los ediles que apoyaron la medida desconocían los detalles técnicos. “¿Cuántas aulas se construirán? ¿Cuántos metros cuadrados tendrán? Nadie lo sabe. Esto es un acto de genuflexión hacia el Ejecutivo”, añadió.
Por otro lado, la primera licitación Ad referéndum aprobada la semana pasada, por G. 1.100 millones para empedrados, también fue fuertemente criticada por Mendoza y el edil Luis Gallardo, quienes calificaron el proceso de “absurdo”. Argumentaron que este tipo de obras puede gestionarse mediante licitaciones regulares, sin recurrir a mecanismos que limitan la fiscalización.
Por su parte, la mayoría oficialista justificó las licitaciones argumentando la necesidad de atender urgencias en infraestructura escolar y vial, pero las explicaciones no convencieron a la oposición ni a gran parte de la ciudadanía, que ve con preocupación la normalización de este tipo de procedimientos.
Mendoza enfatizó que el rol de la Junta Municipal es velar por el buen uso de los recursos públicos y exigió que el Ejecutivo cumpla con los principios establecidos por la Ley 7.021, que regula la transparencia y rendición de cuentas en las administraciones municipales.
“La falta de planificación y los intereses políticos están perjudicando al municipio. Debemos fortalecer los sistemas de control para garantizar que los recursos sean invertidos en beneficios reales para la población y no en obras que sirven a intereses particulares”, concluyó.
La controversia en torno a las licitaciones Ad referéndum ha puesto en el centro del debate la gestión del intendente Roque Godoy y la responsabilidad de los concejales de Presidente Franco, quienes deberán responder por los resultados de estas millonarias aprobaciones.
