Implicado en la tipificación penal de estafa, fehacientemente comprobada mediante documentos, la fiscal Olga Melgarejo firmó escrito de acusación contra un sujeto que se presentó como productor agropecuario ante una firma dedicada a la provisión de insumos agrícolas. Solicitó créditos por valor multimillonario, presentando documentaciones que lo acreditaban como arrendatario de grandes propiedades.
El hecho que investigó a Jony Javier Franco Melgarejo, de 41 años, domiciliado en el distrito de María Auxiliadora, Itapúa, derivó en el proceso abierto en su contra por el que fue acusado por la representación pública. Según denuncia de directivos de la firma “Mannah Agro”, resultaron estafados por la suma de 134.600 dólares americanos, consistentes en cinco cheques de diferentes montos, que totalizaron la suma citada.
Franco Melgarejo presentó contrato de arrendamiento sobre un inmueble de 160 hectáreas y otro de 310, totalizando 470 hectáreas, de supuesta producción.
SIN FONDOS NI RASTROS
El timador actuó en forma conjunta con el coprocesado Jorge González Moudelie, con acusación pendiente. Retirados los insumos agrícolas, presuntamente para la siembra y tratamiento de granos, el acusado se dio por desaparecido de la empresa que le otorgó el crédito. Llegado el momento de efectivizar los documentos de pago, todos fueron rechazados en ventanillas, por cuenta cancelada, posterior a la emisión.
Franco Melgarejo y González Moudelie se presentaron a “Mannah Agro”, comprometiéndose a la entrega de su producción granelera hasta cubrir el monto adeudado, a través del silo Cargill. Pese al compromiso y la exitosa cosecha, los granos fueron entregados al silo referido, pero a nombre de interpósita persona, según las documentaciones que la Fiscalía logró colectar a lo largo de su investigación.
SELLADOS Y RECHAZADOS
Los cheques con montos por 21.700, 21.960 en tres fechas distintas, 17.350 y finalmente por 30.480 dólares americanos, fueron sellados y devueltos a los estafados. Los documentos de pago fueron presentados a la Fiscalía como evidencias, al igual que los contratos de arrendamiento de las propiedades sembradas, para su utilización en la reunión de presupuestos para confirmar la existencia de la tipificación penal.
La fiscal Olga Melgarejo solicitó al juez de garantías Nelio Prieto que eleve la causa para su discusión en contradictorio público para su finiquito.
