Acusadas por la titular de la unidad especializada antitrata, Vivian Coronel, ayer se realizó, vía telemática, la audiencia preliminar para Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña. El escándalo que sacudió a una presunta congregación religiosa tuvo ribetes internacionales y el caso contaría incluso con tentáculos en otros países. El juez Osmar Legal resolvió elevar la causa a juicio oral y público.
La representación pública sostuvo con firmeza la acusación presentada contra las dos mujeres, a quienes se sindica como autoras de someter a una adolescente de 16 años, a un régimen de servidumbre y trabajo forzado, maltrato físico y sicológico, durante varios meses, según los elementos probatorios arrimados por los investigadores de la causa. La menor que tenía pretensiones de convertirse en monja, denunció los hechos.
LA HISTORIA INVESTIGADA
La adolescente fue llevada por Cubas, el 27 de marzo de 2023 al lugar denominado “Casa de la Reina de la Paz”, de la ciudad de Luque, captada por Rufina Salinas en el hogar “Nuestra Señora de Caacupé”, en el km 14 de Minga Guazú. Durante siete meses fue maltratada y golpeada repetidamente. Era obligada a besar el suelo cien veces, cuando su trabajo no gustaba a las ahora acusadas.
Bogado y Salinas se encargaban de ponerle basura en la cabeza o arrojándole trapos de cocina para lavar. Era asediada hasta en horas de la madrugada para “lavar hasta que se le irriten los dedos”, dice parte del escrito sostenido ayer ante el juez. Era forzada a vender tortas o pedir limosnas, todo bajo las órdenes de Bogado.
La menor regresó a casa el 20 de setiembre del año pasado y bajo amenazas fue obligada a mentir ante sus progenitores, sobre sus condiciones de vida en Luque. Sus padres denunciaron el caso que fue investigado, imputado, acusado y finalmente ayer, el juez Osmar Legal resolvió elevar la causa para su discusión en contradictorio público.
Olga Bogado Cubas y Rufina Salinas Acuña deberán defenderse ante un colegiado de sentencia que las podría condenar a elevadas penas carcelarias, según la norma penal vigente, conforme la agencia fiscal logre convencer sobre las responsabilidades personales al tribunal que las juzgará. La congregación alegada por las supuestas monjas no existe para la Iglesia Católica de nuestro país.
