El incremento alarmante de adicciones, tanto a sustancias lícitas como ilícitas, es un desafío creciente que afecta gravemente a nuestra sociedad. En este contexto, los centros de desintoxicación, como la Clínica de Desintoxicación Programada de Ciudad del Este, desempeñan un papel crucial para abordar esta problemática. Sin embargo, enfrentan un abandono institucional evidente y preocupante, que pone en riesgo no solo su funcionamiento, sino también la recuperación y el futuro de cientos de personas.
Desde su inauguración en 2016, esta clínica opera prácticamente al borde de sus capacidades. Con apenas seis profesionales, sin personal administrativo ni asesoría jurídica, la institución trata entre 10 y 15 pacientes al día, muchos de los cuales llegan con procesos judiciales. Es indignante que una dependencia de salud pública, que atiende una de las problemáticas sociales más urgentes, no reciba el apoyo necesario del Estado.
La falta de recursos no solo limita la cantidad de pacientes atendidos, sino que impide la implementación de servicios más completos, como la atención los fines de semana y el uso del pabellón de internación disponible en el predio. Esta situación no solo afecta la imagen del centro, que parece abandonado desde el exterior, sino que también evidencia la desidia estatal frente a una crisis que necesita medidas concretas y efectivas.
El aumento en los casos de alcoholismo registrado en 2024 es una señal de alerta que no puede ignorarse. Más preocupante aún es la “normalización” del consumo de alcohol en nuestra sociedad, como lo señaló la Dra. Nilda Duarte, encargada de la clínica. Es imprescindible un cambio cultural que desnaturalice este comportamiento y fomente la prevención y el tratamiento de las adicciones.
El Estado paraguayo tiene una deuda moral y social con estos centros. No se puede combatir una crisis de esta magnitud sin una estrategia nacional bien estructurada, que contemple no solo el fortalecimiento de los servicios de desintoxicación, sino también la promoción de políticas públicas enfocadas en la prevención y la educación.
La indiferencia actual no solo perpetúa el sufrimiento de las personas adictas y sus familias, sino que también pone en jaque la estabilidad social y económica del país. Es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad y brinde los recursos necesarios para que centros como el de Ciudad del Este puedan cumplir su misión. La lucha contra las adicciones debe ser una prioridad nacional, y el fortalecimiento de estas instituciones, un compromiso ineludible.Solo con un esfuerzo decidido y sostenido podremos cambiar esta realidad y ofrecer a las personas afectadas una verdadera oportunidad de reintegrarse a la sociedad con dignidad y esperanza.
