Luego de tres largos años, el Ministerio Público finalmente presentó imputación formal contra un exfuncionario de la Gobernación del Alto Paraná, acusado de acoso sexual en el año 2021. Una serie de chicanas presentadas por el abogado del denunciado dilató el proceso buscando aparentemente la desestimación o la extinción de la causa. Ahora, luego de casi cuatro años del hecho, la víctima finalmente puede creer que la justicia existe en el país, pese a ser extremadamente lenta para los más vulnerables.
El procesado es Gaspar Reinaldo Sánchez Canale, exfuncionario de la Gobernación de Alto Paraná, quien fue imputado por la fiscal Julia González, por el supuesto hecho punible de acoso sexual.
EL HECHO
Según la denuncia promovida por la víctima, Noelia Elizabeth Figueredo Benítez, una funcionaria comisionada en la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS), el 22 de noviembre del 2021, siendo las 12:50, el hoy imputado Gaspar Reinado Sánchez Canale, quien en esa época se desempeñaba como encargado de la secretaría de planificación en la Gobernación del Alto Paraná, quien tendría a su cargo la firma de los convenios interinstitucionales tramitados por la víctima. Ese día, según el acta de imputación, la denunciante estaba en las escaleras y se encontró con el ahora imputado, a quien le habría preguntado por su proyecto y si ya había conversado con el entonces gobernador Roberto González Vaesken sobre la firma del convenio interinstitucional, y subiendo las escaleras, el procesado la habría sujetado del brazo y la cintura, apretándola contra él, momento en que la víctima lo habría empujado.
Luego, continuando con el relato, el hoy imputado le habría manifestado a la víctima que los documentos del convenio para la firma se encontraban en su oficina, y la invitó a ingresar. Ya en el interior del despacho del hombre, el mismo habría cerrado la puerta, lanzándose sobre la víctima, besándola a la fuerza e intentando manosearla en su parte íntima. Ante lo ocurrido, la mujer se habría resistido, empujándolo; luego, el mismo la habría pedido disculpas y se retiró del lugar.
Tras la denuncia, la víctima fue evaluada por la psicóloga del Ministerio Público, Lic. Norma Bass, quien concluyó que la mujer presentó indicadores de perturbaciones psicológicas relacionadas con el acoso. Posteriormente, en marzo de 2024, un análisis pericial llevado a cabo por especialistas del Poder Judicial y el Ministerio Público reafirmó la presencia de dinámicas propias del acoso laboral y sexual.
Tras varias chicanas planteadas por el representante legal del exfuncionario público, la causa se dilató durante casi cuatro años, y finalmente, a finales de octubre de este año, la fiscal del caso imputó al denunciado y solicitó al juzgado penal de garantías fijar una audiencia para presentar el requerimiento conclusivo.
La conducta de Sánchez Canale ha sido calificada como acoso sexual, tipificado en el artículo 133 del Código Penal paraguayo, en concordancia con el artículo 29 del mismo cuerpo legal. La Fiscalía solicita un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y formular la acusación formal.
UN PROCESO DILATADO
Este caso, que permaneció estancado durante tres años, resalta las dificultades que enfrentan las víctimas de acoso sexual y laboral en su búsqueda de justicia. Según fuentes judiciales, las maniobras dilatorias por parte de la defensa del imputado habrían prolongado el avance del proceso en busca de la desestimación o la extinción del proceso.
CELERIDAD
El caso subraya la importancia de agilizar los procesos judiciales relacionados con delitos contra la autonomía sexual, especialmente cuando involucran relaciones asimétricas de poder. Mientras tanto, la víctima continúa enfrentando las secuelas emocionales de un hecho que podría haberse abordado con mayor celeridad.
