Con elementos probatorios irrefutables, el fiscal Osvaldo Zaracho imputó a una abogada que, valiéndose de un poder general que le otorgó un adulto mayor para gestiones de cobro del beneficio a la tercera edad, le produjo un perjuicio económico de G. 220.000.000, retirado a su nombre del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú. Resultó perjudicado del hecho Esteban Gómez Rojas, víctima de la dictadura stronista.
Para recibir el beneficio del Estado como adulto mayor, Esteban Gómez contrató los servicios profesionales de la abogada Elizabeth Noemí Anzoategui Rivarola, quien, sin su consentimiento, inició otro juicio contra el Estado paraguayo, a los efectos de que su mandante perciba los beneficios como víctima de la dictadura stronista en concepto de violaciones a los Derechos Humanos, según resolución nº 240/22, del Ministerio de Economía y Finanzas, conforma con las pruebas utilizadas como fundamentos.
Utilizando la misma cuenta bancaria en la que Gómez Rojas recibía su pensión, la mujer percibió los 2.500 jornales mínimos a nombre de su cliente.
CAPTADA EN CÁMARAS
La citada cuenta recibió la suma de G. 220.000.000 por resolución nº 132 de fecha 6 de junio de 2022, según los registros fílmicos de la casa bancaria. La investigación abierta, con los documentos oficiales, certificó la existencia de los hechos tipificados como apropiación y estafa. La abogada firmó los documentos valiéndose del poder general que le otorgara su cliente para recibir otro beneficio estatal.
Cuando Gómez Rojas reclamó a su representante legal su acción para recibir la indemnización como víctima de la dictadura, Elizabeth Anzoategui le realizó un giro de dinero por G. 15.000.000, a través de Western Unión, conforme la certificación documental diligenciada por el fiscal Osvaldo Zaracho. La prueba concreta de la apropiación y la estafa, quedó sellada en el circuito cerrado del banco.
PRUEBAS OFRECIDAS
Con sus actos, la “letrada” incurrió indubitablemente, dadas las documentales colectadas, consistentes en informe del BNF del 17 de octubre último, informe del Ministerio de Economía, del pasado 12 de noviembre, por el cual certifica que la abogada extrajo el dinero perteneciente a su cliente, acompañada de la gráfica que acompaña este material.
Elizabeth Noemí Anzoategui Rivarola deberá ser detenida y presentada ante el fiscal de la causa para responder al proceso abierto en su contra, por apropiación y estafa.
