La historia reciente de Presidente Franco está marcada por el poder absoluto de una familia que ha hecho del municipio su feudo personal. Roque Godoy y Roya Torres, el matrimonio político conocido como el clan Godoy Torres, encarnan la impunidad que corroe las instituciones públicas. Sus maniobras políticas y judiciales para evadir responsabilidades no solo consolidan su hegemonía, sino que envían un mensaje de desesperanza a una ciudadanía harta de corrupción.
El caso del hijo de la pareja, Elías Martín Torres Godoy, es solo el ejemplo más reciente del blindaje que protege a esta familia. Acusado de ser planillero del Congreso, Elías evitó un juicio penal devolviendo una fracción del dinero malhabido. Este acuerdo complaciente no solo protegió a Elías, sino que sirvió como escudo para la diputada Roya Torres, al congelar el pedido de desafuero en su contra.
Mientras tanto, el intendente Roque Godoy enfrenta denuncias por corrupción en las obras del Polideportivo Municipal, pero la investigación avanza con una lentitud exasperante. Los indicios de fraude y los pagos indebidos están documentados, pero el caso se encuentra en una unidad fiscal ordinaria, lo que genera dudas sobre la seriedad del proceso.
La estrategia es clara: dilatar las investigaciones, sembrar confusión y evitar las sanciones, todo mientras se trazan planes políticos a largo plazo. La candidatura de Roya Torres a la intendencia de Presidente Franco en las próximas elecciones representa una continuidad de este esquema. Si logran su cometido, el clan Godoy Torres no solo consolidará su poder, sino que también sentará un peligroso precedente de impunidad para otros políticos corruptos.
Este panorama es desolador. La corrupción de quienes ostentan el poder debilita las instituciones, erosiona la confianza ciudadana y perpetúa un sistema donde los privilegios pesan más que la justicia. Las autoridades judiciales tienen una responsabilidad urgente: actuar con firmeza y demostrar que nadie está por encima de la ley.
Pero la lucha contra el clan Godoy Torres no puede ser solo una tarea de fiscales y jueces. Es necesaria una ciudadanía vigilante, que exija transparencia, denuncie irregularidades y defienda la democracia. Solo así se podrá detener a quienes han convertido el servicio público en un negocio familiar y han transformado la impunidad en su principal herramienta de poder.
Presidente Franco merece algo mejor. Merece líderes que sirvan al pueblo, no a sus propios intereses. La justicia, aunque lenta y limitada, aún tiene la oportunidad de demostrar que en Paraguay el poder no es un refugio para la corrupción.
