La muerte de Néstor David González Riveros, de 27 años, bajo custodia policial en la subcomisaría 54ª del barrio Acaray, en Ciudad del Este, no solo consterna, sino que enciende una alerta roja sobre la deshumanización que parece permear las instituciones encargadas de protegernos. Este caso expone, con crudeza, la irresponsabilidad de agentes policiales, ahora denunciados por omisión de auxilio, que dejaron morir a un joven mientras agonizaba en un calabozo.
La familia de González sostiene, con fundamentos sólidos, que la tragedia pudo haberse evitado si los uniformados hubieran actuado a tiempo. Sin embargo, el joven pasó más de dos horas inconsciente, tirado en el piso de una celda, mientras su madre suplicaba que lo trasladaran a un hospital. Solo gracias a la intervención tardía de los bomberos voluntarios, fue llevado al Hospital Regional, donde murió pocas horas después.
La negligencia es innegable y, lo que es peor, se agrava por los presuntos intentos de desviar la atención hacia acusaciones de que el joven estaba drogado, una afirmación desmentida categóricamente por el reporte médico. La omisión de auxilio, tipificada en el artículo 117 del Código Penal Paraguayo, no puede quedar como una mera nota al pie. Los responsables, desde el suboficial superior a cargo de la subcomisaría hasta cualquier otro agente involucrado, deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
Este caso también pone en tela de juicio el respeto de los derechos humanos por parte de la policía y, por extensión, la capacidad del sistema para garantizar la vida de las personas bajo su custodia. Es inaceptable que una persona detenida, independientemente de los cargos en su contra, sea entregada semiinconsciente y golpeada, para luego ser abandonada sin asistencia. La vida de un detenido está bajo la responsabilidad del Estado y sus instituciones, algo que los agentes parecen haber olvidado.
Además, no se debe soslayar el papel de los guardias privados y vecinos que, actuando como una turba, golpearon brutalmente a González antes de entregarlo a las autoridades. Este nivel de violencia extrajudicial es un síntoma alarmante de una sociedad que normaliza la justicia por mano propia, bajo la mirada permisiva de quienes deben garantizar el orden y la justicia.
Es imprescindible que la fiscal Diana Gómez, quien lleva adelante la investigación, actúe con la mayor transparencia y celeridad. Se debe esclarecer no solo la omisión de auxilio por parte de los policías, sino también las circunstancias que originaron las lesiones que sufrió el joven. La justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, no solo por González y su familia, sino para enviar un mensaje claro: no se tolerará la negligencia ni la violencia en ninguna de sus formas.
Este caso no es un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema que falla en proteger los derechos más básicos. Que la muerte de Néstor González no sea en vano. Que sea el punto de inflexión que impulse una reforma real en las fuerzas del orden, donde el respeto a la vida y a los derechos humanos sean principios inviolables. Las instituciones no pueden seguir siendo cómplices del abandono y la violencia. Es hora de exigir justicia, no solo en palabras, sino en acciones contundentes.
