La reciente aprobación de una licitación Ad Referéndum por 1.100 millones de guaraníes, destinada supuestamente a la construcción de empedrados en Presidente Franco, pone nuevamente en evidencia los manejos poco transparentes del intendente Roque Godoy y la sumisión de la mayoría oficialista en la Junta Municipal. Esta práctica, que debería ser excepcional, se ha convertido en una herramienta recurrente para eludir controles y justificar obras en medio de un proceso oscuro y sin rendición de cuentas.
El concejal Hugo Mendoza ha levantado una voz solitaria pero contundente en contra de esta modalidad, calificándola de absurda y denunciando que la falta de justificación técnica detrás de estas licitaciones es un reflejo de los intereses políticos que prevalecen sobre las verdaderas necesidades de la población. La ausencia del director de obras, Cristian Ortiz, para explicar los criterios de selección de las zonas beneficiadas, no hace más que alimentar las dudas. ¿Por qué no comparecer ante la Junta? ¿Qué oculta una gestión que debería ser transparente si realmente se busca el beneficio colectivo?
Además, los antecedentes del director de obras agravan la situación. Ortiz ya enfrenta cuestionamientos y denuncias penales por obras inconclusas y pagos irregulares, un historial que debería encender las alarmas en cualquier administración responsable. Sin embargo, en Presidente Franco, parece que las irregularidades son la norma y no la excepción.
El argumento de algunos concejales oficialistas, que defienden la modalidad Ad Referéndum como una forma de acelerar proyectos, suena más a una excusa que a una razón válida. En un municipio que debería velar por la correcta utilización de los recursos públicos, no hay lugar para atajos que comprometan la transparencia y la confianza de los ciudadanos.
Más preocupante aún es que esta licitación por 1.100 millones de guaraníes es solo el inicio. Una nueva propuesta Ad Referéndum, por 3.730 millones de guaraníes, ya se encuentra en la agenda, y los indicios de opacidad en su uso han generado serias sospechas. El silencio o la complicidad de la Junta Municipal ante estas decisiones alimentan una cultura de impunidad que es intolerable en un sistema democrático.
La ciudadanía de Presidente Franco no puede permanecer indiferente. Es su derecho —y su deber— exigir transparencia, claridad y rendición de cuentas de sus autoridades. Una administración opaca no solo compromete los recursos públicos, sino también la calidad de vida de los habitantes y la confianza en las instituciones.
Es hora de que el intendente Roque Godoy y su equipo respondan con hechos y no con excusas. La población merece ver un manejo responsable y transparente de los recursos, y la Junta Municipal, como órgano de contralor, debe cumplir con su rol de velar por el interés colectivo, no de ser cómplice de una gestión cuestionada. Si no hay un cambio en esta dinámica, el futuro de Presidente Franco seguirá ensombrecido por la opacidad y la desconfianza.
