En Ciudad del Este, los contribuyentes se enfrentan a una realidad difícil de digerir: una Junta Municipal que, lejos de ser un motor de desarrollo y gestión para la ciudad, se ha convertido en una institución de elevados costos, con baja productividad y escasa ejecución de proyectos que impacten positivamente en la vida de la ciudadanía. La Contraloría Ciudadana, que monitorear la gestión pública, señala que cada concejal percibe una cantidad significativa de dinero, algo que contrasta marcadamente con el salario mínimo que reciben muchos ciudadanos que logran obtener un empleo formal.
En concreto, cada uno de los concejales percibe mensualmente un total de G. 27.500.000, distribuidos de la siguiente manera: G. 15.000.000 corresponden a la dieta, G. 8.000.000 a bonificaciones y G. 4.500.000 como gastos de representación.
En el año 2018, cada concejal recibía una dieta de G. 6.799.299, una bonificación de G. 5.000.000 y un gasto de representación de G. 4.500.000, sumando un total de G. 16.299.299. Sin embargo en este periodo los concejales se han autoaumentado un 69% en sus ingresos, alcanzando los G. 27.500.000 mensuales, un incremento que no se justifica con los escasos logros legislativos.
El contraste entre los salarios y la producción legislativa es alarmante. En 2021, la Junta Municipal sancionó 51 ordenanzas. En 2022, el número bajó a 38, y en 2023 a 33. Este 2024, hasta el momento, solo se han sancionado 12 ordenanzas, de las cuales más de la mitad son simplemente ampliaciones o reprogramaciones del presupuesto municipal.
Este bajo nivel de productividad legislativa es aún más grave cuando se tiene en cuenta que la Contraloría Ciudadana ha señalado que, desde 2021, se han pagado a los concejales un total de G. 13.063.200.000 en concepto de dietas. Sin embargo, en ese tiempo solo se sancionaron 134 ordenanzas, una cifra que resulta insignificante en comparación con los recursos invertidos en esta tarea.
Además de los altos salarios de los concejales, la Junta Municipal cuenta con una estructura burocrática costosa que, irónicamente, tiene como objetivo hacer el trabajo que los concejales deberían realizar. Actualmente, la institución cuenta con 111 funcionarios que, con su trabajo, soportan la carga legislativa. Estos funcionarios le cuestan al contribuyente más de G. 5.364.606.000 al año.
A esto se suman 4 asesores, cuyo costo anual asciende a G. 432.600.000. De esta manera, el municipio invierte anualmente un total de G. 5.797.206.000 para que los concejales puedan “cumplir con su tarea”. Estos mismos funcionarios, que no se identifican por obvias razones, señalan que muchos de los concejales solo se limitan a firmar dictámenes y minutas que presentan en cada sesión ordinaria, salvo honrosas excepciones.
