La detención de Diosnel Benítez Centurión destapó lo que parece ser una nueva trama de corrupción dentro de la Policía Nacional. El mecánico de 36 años fue arrestado junto a otros dos hombres el martes de la semana pasada en el distrito de Carlos A. López (Itapúa), acusado de participar en el violento asalto a la sucursal de Bancop en Naranjal, perpetrado el 21 de noviembre. Sin embargo, la familia y defensores de Benítez aseguran que no solo es inocente sino que es víctima de represalias por haber denunciado extorsiones policiales semanas antes. También una agente fiscal, esposa de un policía, parece involucrada en el esquema, que busca “castigar” a un inocente, en el marco de una “vendetta” de polibandis.
Diosnel Benítez Centurión fue imputado por los delitos de robo agravado y asociación criminal por la fiscal María del Carmen Meza. El mismo fue capturado la semana pasada con otros dos sujetos, uno de ellos chofer de una ambulancia utilizada en el crimen. No obstante, múltiples pruebas presentadas por su esposa, Lourdes Aide Cabaña Sosa, demuestran que complicidad en el atraco fue fabricada. Durante un allanamiento a su hogar, agentes policiales incautaron facturas legales de compras de materiales de construcción, que luego habrían sido plantadas en una ambulancia utilizada en el robo, con el objetivo de vincularlo al caso.
“Mi esposo es mecánico y está construyendo nuestra casa. Tenemos todos los comprobantes que demuestran que compramos varillas de hierro y otros materiales desde hace meses para ese proyecto. Lo que hicieron fue sacar esas facturas de nuestra casa y colocarlas en la escena del crimen para incriminarlo”, denunció Lourdes Cabaña ante periodistas.
La familia también presentó documentos oficiales que confirman que ni Diosnel ni su esposa tienen antecedentes policiales. Además, Cabaña reveló que los agentes se llevaron el DVR del circuito cerrado de su vivienda, que podría probar que Benítez no participó en el atraco, un hecho que despierta más sospechas sobre las verdaderas intenciones detrás del operativo policial.
UNA BURLA
Entre las “evidencias” incautadas de la casa de Diosnel Benítez, la Policía presentó entre otras cosas, prendas de vestir camufladas. En ese sentido, su esposa refutó con fotografías que dichas vestimentas fueron compradas para el desfile en honor a la Patria, en el año 2023. La hija de la pareja desfiló como un soldado del ejército paraguayo en la colonia Kressburgo, distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa, en representación al colegio privado HWK. En la ocasión, el ahora detenido también compró una camisa camuflada (foto) para acompañar a su hija en el desfile, tal cual lo muestran las fotografías. Curiosamente, los investigadores presentaron estas ropas como las que fueron utilizadas en el asalto a Bancop, hecho que es categóricamente desmentido por el procesado y toda su familia
FEROZ REPRESALIA POLICIAL
Los indicios de que Benítez es víctima de una venganza policial son contundentes. En octubre, el mecánico denunció a agentes de la subcomisaría 47ª de Jerusalén II por extorsión, un acto que lo convirtió en un objetivo para estos uniformados corruptos.
Según audios que circularon en redes sociales, agentes de dicha subcomisaría, liderados por el subcomisario César Muñoz, exigieron una millonaria coima para liberar un vehículo y a su conductor, retenidos bajo pretextos falsos. A pesar de contar con documentos en regla, la negociación extorsiva escaló hasta que los agentes exigieron G. 15 millones. La viralización de estos audios dejó al descubierto un esquema corrupto que mancha aún más la reputación de la institución uniformada.
Muñoz, conocido por su historial de denuncias, habría sido el ideólogo de estas operaciones extorsivas. Su nombre también aparece vinculado al Operativo Heiwa, donde se documentó la colusión entre policías y grupos criminales, como la temida gavilla liderada por los hermanos Resquín López. Pese a estas acusaciones, Muñoz sigue ocupando cargos estratégicos en la Policía, lo que evidencia la falta de avances en las investigaciones internas.
SISTEMA PROTEGE A CULPABLES Y PERSIGUE A INOCENTES
El caso de Benítez no es un incidente aislado. Representa el peligroso patrón de corrupción que caracteriza a ciertos sectores de la Policía Nacional, donde las víctimas de extorsión terminan siendo perseguidas por atreverse a hablar. La fiscal del caso, María del Carmen Meza, también enfrenta cuestionamientos. Como esposa de un agente policial, sus acciones generan dudas sobre su imparcialidad y refuerzan las sospechas de que está actuando en complicidad con los “polibandis”.
Al respecto, el abogado defensor Eulalio López anunció que recusará a la fiscal María del Carmen Meza por su mala actuación y también la denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño de sus funciones.
La detención de Benítez no solo es una injusticia personal, sino un reflejo de cómo se instrumentaliza el sistema judicial para silenciar a quienes denuncian. En este contexto, las víctimas no solo luchan contra los verdaderos criminales, sino también contra una red de poder que los blinda.
Lourdes Cabaña y su familia ahora han iniciado una fuerte lucha para liberar a Diosnel y limpiar su nombre. “Todo esto lo hacen porque mi esposo no se calló cuando intentaron extorsionarlo. Ahora quieren callarlo de esta manera, pero no lo permitiremos”, expresó la mujer, quien además teme por su vida y la de su familia, llevando en cuenta la peligrosidad de estos agentes policiales corruptos, que actúan al margen de toda ley y parecen tener poder absoluto para cometer sus fechorías.
