El clan Godoy Torres, integrado por el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, y la diputada Roya Torres, parece contar con un blindaje judicial que allana su camino político. Tras el blanqueo otorgado a la parlamentaria en la causa por cobro indebido de honorarios, las sospechas de que el jefe comunal evadirá responsabilidades en la investigación por corrupción en las obras del polideportivo municipal cobran fuerza. Con denuncias que avanzan a paso lento y una justicia complaciente, la pareja parece estar despejando todos los obstáculos para impulsar las aspiraciones de Torres a la intendencia en 2025/26, consolidando su hegemonía en el municipio.
El clan político integrado por el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, y la diputada Roya Torres, parece estar cerrando filas contra la justicia. Según fuentes confiables, maniobras políticas y judiciales están allanando el camino para que ambos evadan responsabilidades penales. Mientras tanto, avanzan los planes para que Torres sea candidata a la intendencia municipal en 2026.
El antecedente más reciente que refuerza estas sospechas es la resolución favorable para Elías Martín Torres Godoy, hijo de la pareja. Acusado de cobro indebido de honorarios como planillero del Congreso, Elías logró un acuerdo que lo obliga únicamente a devolver unos 100 millones de guaraníes malhabidos, sin enfrentarse a juicio oral. Esta “solución amistosa”, avalada por fiscales y jueces, desactivó también el pedido de desafuero contra Roya Torres, congelado por sus colegas legisladores. El resultado es un precedente peligroso, donde devolver lo robado parece ser suficiente para eludir la justicia.
Ahora, las denuncias de corrupción que involucran directamente a Roque Godoy están bajo la lupa, pero el desenlace podría ser similar. El intendente enfrenta una acusación presentada por el concejal Hugo Mendoza por la presunta adjudicación fraudulenta y pago indebido de obras inconclusas en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco. Según Mendoza, la municipalidad desembolsó G. 464 millones a la empresa constructora Fann S.A. tras certificar la obra como finalizada, cuando en realidad los trabajos ni siquiera habían comenzado en el plazo establecido.
La fiscal Thais García, a cargo de la causa, investiga posibles delitos como lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Sin embargo, la asignación de este caso a una unidad fiscal ordinaria, en lugar de la especializada en delitos económicos y anticorrupción, genera dudas sobre la imparcialidad y profundidad de la investigación.
A pesar de las irregularidades documentadas, incluyendo actas de recepción definitiva fechadas en enero y reportes de gastos en la rendición de cuentas de 2023, la defensa de Godoy se reduce a culpar «errores de cálculo» en el proyecto original. Según el intendente, la falta de carga de hormigón armado elevó el costo de la obra a 764 millones de guaraníes, diferencia que asegura será absorbida por la empresa adjudicada. Estas explicaciones, lejos de convencer, refuerzan la percepción de opacidad en su gestión.
El concejal Mendoza, quien ha liderado las denuncias, insiste en que la investigación debería realizarse en el ámbito de la fiscalía especializada en delitos Económicos. Hasta el momento, la fiscalía solo ha avanzado con pericias iniciales en las refacciones del polideportivo. Sin embargo, la demora en una imputación formal contra el intendente y otros involucrados alimenta las sospechas de un eventual “blanqueo”.
Mientras tanto, el clan Godoy Torres perfila sus ambiciones políticas para las próximas elecciones. La posibilidad de impunidad total para ambos esposos fortalecería la candidatura de Roya Torres a la intendencia de Presidente Franco, asegurando la continuidad de su control político en el municipio. Esta dinámica, marcada por la negligencia judicial y los pactos políticos, plantea un panorama preocupante para la lucha contra la corrupción en Alto Paraná.
La ciudadanía, que ha sido testigo de años de impunidad para esta familia, se enfrenta nuevamente a un sistema que parece diseñado para proteger a quienes ostentan el poder, sin importar los daños colaterales que ello genere en las instituciones democráticas y la confianza pública.
