La Contraloría Ciudadana de Presidente Franco anunció que presentará una acción judicial contra el intendente Roque Godoy, ante su reiterada negativa de responder los pedidos de informes sobre el manejo de los recursos municipales. Según los representantes de la organización, la falta de respuesta constituye una violación de la Constitución Nacional y de la Ley de Acceso a la Información Pública, lo que consideran una muestra de desprecio por la transparencia y la rendición de cuentas.
Wilfrido Maidana, de la Contraloría Ciudadana, expresó la frustración acumulada por la falta de respuesta del intendente. “Hemos presentado múltiples solicitudes de manera pacífica y en apego a las leyes. Sin embargo, hasta ahora, solo hemos recibido silencio”, señaló al advertir que si no se entregan los documentos solicitados recurrirán a los tribunales para exigir justicia.
La organización busca esclarecer posibles irregularidades en el manejo de fondos municipales y enfatiza que la lucha por la transparencia es un derecho innegociable. “La corrupción debe ser erradicada con la participación activa de todos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se oculta información que debe ser pública”, agregó.
Recordó que el primer pedido formal fue realizado hace 50 días y que, pese a los plazos establecidos por la ley, aún no han obtenido respuestas. El movimiento insiste en que este es un momento en que la ciudadanía franqueña no debe permitir la opacidad en la gestión de los recursos municipales.
Henry González, otro miembro de la Contraloría, lamentó la actitud del intendente. “Esta es la última vez que hacemos este pedido de manera pacífica. Si no hay respuesta, tomaremos medidas legales”.
La organización también hizo un llamado a los habitantes de Presidente Franco a unirse en esta causa. “Nuestra ciudad merece claridad y justicia”, afirmó González.
El abogado Miguel Benítez, asesor de la Contraloría, indicó que el artículo 38 de la Constitución Nacional y la Ley de Acceso a la Información Pública respaldan el derecho de la ciudadanía a obtener datos sobre la gestión municipal. “El intendente tiene un plazo de 15 días para responder a las solicitudes, pero este plazo se ha incumplido sistemáticamente. Si persiste el silencio, recurriremos a un amparo judicial para obtener los documentos”, remarcó.
