La reciente condena de apenas tres años de prisión impuesta a Jorge Ignacio Cabrera Ávalos, tras someter a su pareja a años de violencia brutal, expone la lamentable fragilidad del sistema judicial paraguayo frente a los derechos de las víctimas. Este fallo no solo deja un amargo sabor de impunidad, sino que pone en peligro la vida de una mujer que ya ha sufrido lo indecible.
El caso es contundente: durante más de dos años, Cabrera Ávalos sometió a Wilma Leiva a agresiones físicas y psicológicas que culminaron en un ataque brutal en noviembre de 2023. El nivel de violencia fue tan extremo que la víctima debió ser trasladada de urgencia al hospital con múltiples lesiones severas. La Fiscalía, representada por la fiscal María del Carmen Meza, había solicitado una condena de siete años de prisión, argumentando con solidez la gravedad del caso y los antecedentes del acusado. Sin embargo, el Tribunal, integrado por los jueces Margarita Martínez, Diego Duarte y Gloria Vera, optó por una sentencia que no guarda proporción con el delito ni con el sufrimiento infligido.
Más preocupante aún, el condenado, actualmente recluido, está a un paso de recuperar su libertad. Esto no solo constituye un insulto a la dignidad de Wilma Leiva, sino que también la expone a un riesgo real y latente de nuevas agresiones, o incluso de perder la vida, como ocurre con alarmante frecuencia en casos de violencia de género en Paraguay.
Surgen también serias dudas sobre la independencia del Tribunal. Las sospechas de pago de coimas para garantizar una sentencia benigna no pueden ser ignoradas. En un contexto donde la corrupción en el sistema judicial es un secreto a voces, decisiones como esta erosionan aún más la confianza ciudadana en las instituciones.
Aplaudimos la decisión de la Fiscalía de apelar esta sentencia, pero no podemos dejar de exigir un cambio estructural que priorice la protección de las víctimas y castigue de manera ejemplar a los agresores. La justicia no puede seguir siendo cómplice de la violencia machista ni prestarse a negociaciones oscuras que perpetúan la impunidad.
Mientras el sistema falla, Wilma Leiva y muchas otras mujeres permanecen atrapadas en una lucha desigual por su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia. No podemos permitir que estas historias sean simplemente otra estadística más en un país donde la justicia parece siempre inclinarse hacia los poderosos o los corruptos. Es hora de que el sistema judicial actúe con la firmeza y responsabilidad que las víctimas merecen.
