El caso de Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres, es un ejemplo categórico de cómo la debilidad de la justicia paraguaya y las complicidades políticas en el Congreso continúan erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. El acuerdo que permitió a este joven suspender su causa por cobro indebido de honorarios, a cambio de la devolución del dinero mal habido y reparaciones sociales, es un triste recordatorio de cómo las élites políticas siguen gozando de privilegios en detrimento de la igualdad ante la ley.
Más preocupante aún es el efecto colateral de este arreglo: el blanqueo de la diputada Roya Torres, imputada por complicidad en los mismos hechos. Desde que inició su proceso judicial, la Cámara de Diputados se convirtió en un muro protector para Torres, negándose sistemáticamente a autorizar su desafuero, pese al clamor ciudadano y las evidencias presentadas por la Fiscalía. Esta actitud de blindaje político, liderada por figuras como el vicepresidente Pedro Alliana y respaldada por muchos de sus colegas, garantiza la impunidad no solo de Torres, sino de todo un sistema político acostumbrado a evadir responsabilidades.
El desenlace del caso de su hijo consolida esta protección. Con el pedido de desafuero archivado y su situación legal aparentemente resuelta, Roya Torres queda libre para retomar sus ambiciones políticas, incluyendo su candidatura a la intendencia de Presidente Franco. Este es un nuevo capítulo en la saga del “Clan Godoy”, una familia que ha hecho del poder su principal escudo contra la justicia.
El acuerdo procesal otorgado a Elías Godoy, aunque legal en su forma, es éticamente reprochable. Las organizaciones civiles y jurídicas, como la Coordinadora de Abogados del Paraguay y Somos Anticorrupción Paraguay, han señalado con razón que este tipo de decisiones debilitan los principios de justicia y transparencia. Permitir que un funcionario público, que fungía como “planillero” y cobraba salarios sin trabajar, salga del proceso con un castigo tan leve es un mensaje devastador: en Paraguay, la corrupción no solo se tolera, sino que se premia con salidas procesales cómodas.
Esta dinámica no es nueva, pero su recurrencia evidencia un patrón peligroso. Mientras los ciudadanos comunes enfrentan un sistema judicial implacable, los políticos y sus allegados disfrutan de un trato privilegiado, amparados por la complicidad de sus pares y la lentitud de la justicia. Este caso, lejos de ser aislado, es un reflejo de un problema estructural que socava la democracia y perpetúa el círculo vicioso de la corrupción y la impunidad.
El Congreso, que debería ser un bastión de la legalidad, se ha convertido en un refugio para quienes buscan evadir la justicia. La negativa a desaforar a Torres no es solo una traición al pueblo paraguayo, sino una afrenta a los principios básicos de la democracia. En lugar de fortalecer las instituciones, los diputados optaron por proteger a una colega imputada, priorizando los intereses corporativos sobre el deber de servir al país.
El sistema judicial, por su parte, no queda exento de críticas. Aunque los acuerdos procesales son una herramienta legítima, su uso en casos de corrupción pública envía un mensaje equivocado: en Paraguay, el poder compra indulgencias. Este esquema no solo desacredita al Poder Judicial, sino que refuerza la percepción de que la justicia es un bien negociable, accesible solo para quienes tienen los recursos y las conexiones políticas necesarias.
El caso de Roya Torres y su hijo debe ser un punto de inflexión. Los ciudadanos tienen el deber de exigir un sistema político y judicial que no sea rehén de intereses particulares. La impunidad no puede seguir siendo la norma en Paraguay. La justicia debe ser igual para todos, sin importar apellidos ni conexiones políticas. Solo así podrá restaurarse la confianza en las instituciones y garantizarse un futuro más justo para todos.
