El “nepobaby franqueño”, Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada liberal Roya Torres, logró suspender su causa por cobro indebido de honorarios. Este acuerdo, que evitó un juicio oral y público, implica la devolución de los montos cobrados indebidamente y el pago de reparaciones sociales, garantizando así su salida sin mayores consecuencias penales. Sin embargo, este beneficio procesal no solo impacta al joven, sino que blanquea a su madre, la diputada liberocartista Roya Torres, imputada por supuesta complicidad en los hechos.
Desde que la causa contra Torres se inició, su desafuero fue sistemáticamente bloqueado en la Cámara de Diputados. Esta maniobra, que habría contado con el respaldo de colegas y dirigentes políticos como el vicepresidente Pedro Alliana, permitió que la legisladora permaneciera protegida de enfrentar la justicia. Ahora, con la resolución favorable al caso de su hijo, el pedido de desafuero pierde efecto, consolidando el blanqueo de la parlamentaria en un proceso que refuerza la percepción de impunidad en el sistema político paraguayo.
El acuerdo procesal alcanzado por Elías Martín Godoy Torres incluyó la devolución de G. 50.666.660, correspondientes a salarios percibidos ilegalmente entre septiembre de 2023 y enero de 2024, y un monto adicional por reparación del daño social. Entre los beneficiarios de este acuerdo figuran instituciones como el Hospital Materno Infantil San Pablo, la Federación Paraguaya de Gimnasia, y el Colegio Parroquial Pío XI, entre otros.
Además, se le impusieron condiciones como abstenerse del consumo de drogas y alcohol durante el período de un año que durará la suspensión condicional del procedimiento. Estas medidas, aunque estrictas en apariencia, han sido criticadas por diversas organizaciones civiles y jurídicas.
La Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) y Somos Anticorrupción Paraguay (SAPy) manifestaron su rotunda oposición a la salida procesal otorgada a Godoy Torres. Argumentaron que estas decisiones judiciales en casos de corrupción pública debilitan los principios de justicia y transparencia, además de contravenir compromisos internacionales asumidos por Paraguay en la lucha contra la corrupción.
Los colectivos denunciaron que prácticas como el planillerismo perpetúan el nepotismo y la ineficiencia en el sector público, erosionando la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Además, subrayaron que priorizar el privilegio sobre el mérito desconecta las contrataciones de las necesidades reales del servicio público, enviando un mensaje de tolerancia hacia la corrupción y la desigualdad.
CAMINO ALLANADO PARA POSIBLE CANDIDATURA
El mayor beneficio de esta resolución recae en la diputada Roya Torres. Con su caso judicial neutralizado y sin riesgo de desafuero, la legisladora liberocartista ve despejado el camino para seguir adelante con su candidatura a la intendencia de Presidente Franco, cargo actualmente ocupado por su esposo, el cuestionado intendente Roque Godoy.
El “clan Godoy”, como se denomina a esta familia política, había postergado la definición de candidaturas municipales, aparentemente para darle tiempo a Torres de “resolver” sus problemas legales. Este esquema refuerza la idea de que los privilegios políticos pueden torcer los procesos judiciales, perpetuando la impunidad de quienes ostentan el poder.
