Hoy, a las 08:00, Elías Martín Godoy Torres, hijo de la diputada Roya Torres y del intendente de Presidente Franco, Roque Godoy (PLRA), deberá comparecer ante el juez Rodrigo Estigarribia para una audiencia preliminar. El joven está acusado de cobro indebido de honorarios, un delito relacionado con su supuesto cobro ilegal de salarios como asesor en la Cámara de Diputados, a pesar de no cumplir con las funciones correspondientes. El “nepobaby” busca evitar un juicio oral mediante una solicitud de suspensión condicional del procedimiento, que fue acordada con la Fiscalía, en tanto gremios de abogados y organizaciones anticorrupción se oponen rotundamente a esta salida procesal.
Organizaciones civiles y jurídicas, como la Coordinadora de Abogados del Paraguay (COAPY) y Somos Anticorrupción Paraguay (SAPy), se oponen rotundamente a que Elías Martín sea beneficiado con una salida procesal menos gravosa. En un escrito presentado al juez Estigarribia, los representantes de COAPY y SAPy argumentan que la concesión de salidas procesales como la suspensión condicional y los acuerdos reparatorios en casos de corrupción pública debilita el principio de justicia y contraviene las obligaciones internacionales de Paraguay en la lucha contra la corrupción. Según estas organizaciones, tales medidas refuerzan la impunidad y desvirtúan los esfuerzos para transparentar la administración pública.
La investigación contra Elías Godoy Torres se originó en denuncias sobre contrataciones irregulares en la Cámara de Diputados, en las que se habría beneficiado a familiares de legisladores sin concurso ni la preparación necesaria para ocupar cargos públicos. Estas prácticas, denuncian los colectivos, perpetúan el nepotismo y la ineficiencia, erosionando la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. COAPY y SAPy subrayan que, al priorizar el privilegio sobre el mérito, se cierran las puertas a profesionales capacitados, lo que desconecta las contrataciones de las necesidades reales del servicio público. Esto envía un mensaje negativo sobre el peso de la transparencia y el mérito en la gestión pública, fomentando la desigualdad y desconfianza.
En la audiencia de hoy, el juez Estigarribia deberá decidir si acepta o no la solicitud de suspensión condicional presentada por los fiscales de delitos económicos y anticorrupción, Francisco Cabrera y Jorge Arce. Las organizaciones civiles instan al magistrado a que priorice sanciones ejemplares y limite los beneficios procesales en casos de corrupción, salvo que haya una colaboración efectiva para desmantelar las redes delictivas. En su escrito, COAPY y SAPy recalcan la responsabilidad del Poder Judicial de garantizar el Estado de derecho y de combatir la corrupción de manera contundente, honrando así los compromisos internacionales de Paraguay en este ámbito.
PLANILLERO CONFESO
El hijo de la diputada Roya Torres admitió haberse beneficiado ilegalmente de salarios públicos, percibiendo G. 9,5 millones mensuales como supuesto asesor de su madre en la Cámara de Diputados, pese a no cumplir con las funciones para las que fue contratado. En total, se estima que Godoy Torres habría recibido cerca de G. 95 millones. Para evitar el juicio, Elías ofreció restituir G. 50.666.600 y realizar una donación de G. 5 millones al hospital distrital de Presidente Franco. El juez Estigarribia evaluará en la audiencia si esta oferta y el cumplimiento de las condiciones son suficientes para cerrar el caso sin juicio.
Si la solicitud es aceptada, Elías Godoy evitaría el juicio, pero deberá cumplir con las condiciones impuestas por la justicia. De lo contrario, enfrentará el proceso judicial correspondiente. Además de Elías, el Ministerio Público también imputó a su madre, la diputada Roya Torres, por el mismo delito de cobro indebido de honorarios. No obstante, el desafuero solicitado para investigarla fue archivado en la Cámara Baja en julio pasado, lo que ha protegido a la diputada de responder judicialmente. Se cree que la parlamentaria llegó a un acuerdo con el oficialismo colorado (cartismo), para ganar impunidad, a cambio de apoyar al gobierno del presidente Santiago Peña.
