La situación de los niños explotados en los semáforos de Ciudad del Este es una tragedia que nos interpela como sociedad. Detrás de cada menor obligado a limpiar parabrisas, vender productos o pedir limosna, se oculta una estructura criminal que opera con impunidad y que, en las narices de las autoridades, perpetúa el sufrimiento de los más vulnerables.
No hablamos de casos aislados, sino de un sistema en el que niños son alquilados, explotados laboralmente y, en algunos casos, sometidos a actividades aún más aberrantes, como la distribución de drogas o la explotación sexual. Esta red, lejos de ser desmantelada, sigue funcionando como un negocio ilegal que reporta jugosas ganancias a sus líderes, quienes incluso cobran peajes por el uso de las esquinas semafóricas.
La complicidad silenciosa de las instituciones encargadas de proteger a los niños es inaceptable. Fondos públicos destinados a garantizar sus derechos parecen desvanecerse mientras la realidad muestra a estos menores como mercancías de un mercado ilícito. ¿Dónde están las autoridades encargadas de velar por ellos? ¿Dónde está la reacción contundente que se necesita frente a un crimen tan monstruoso?
Los padres y tutores que entregan a sus hijos a estas redes deben ser sancionados con todo el peso de la ley. La patria potestad no puede ser un privilegio para quienes exponen a sus hijos a semejantes abusos. Es imperativo que los menores rescatados sean protegidos y educados en un entorno seguro, bajo el amparo de un sistema estatal que les garantice una vida digna.
Pero más allá de eso, el Gobierno debe actuar con decisión. Se necesitan operativos conjuntos entre la Policía Nacional, el Ministerio de la Niñez y la Fiscalía para desmantelar estas redes y procesar a sus cabecillas. No basta con campañas mediáticas; es urgente pasar a la acción.
Permitir que estas estructuras sigan operando es perpetuar la miseria y la injusticia. Como sociedad, no podemos aceptar que la infancia sea víctima de un sistema criminal mientras las autoridades miran para otro lado. La lucha contra la explotación infantil no es solo un deber moral: es una obligación ineludible del Estado.Es hora de reaccionar. Los niños son el futuro de la nación, pero también son su presente. Ignorar su sufrimiento es condenar a Paraguay al fracaso como sociedad.
