La organización ciudadana CDE Libre solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) una auditoría general de la administración de Miguel Prieto Vallejo, intendente de Ciudad del Este, desde el 2019. La petición se fundamenta en lo que describen como un escenario de “galopante corrupción” y “manejo doloso” de los bienes municipales.
En la nota remitida, los firmantes alegan graves irregularidades en la administración de los bienes públicos y en la ejecución de los presupuestos municipales anuales. Señalan que estos hechos, ampliamente difundidos, han derivado en 42 denuncias formales contra el intendente Prieto, de las cuales dos ya han resultado en imputaciones y otras dos en acusaciones presentadas por el Ministerio Público.
La organización subraya que muchas de estas denuncias están basadas en dictámenes de la Contraloría General de la República y respaldadas por auditorías realizadas por dicho organismo. En este contexto, solicitan la “constitución inmediata de la Contraloría General de la República en la Municipalidad de Ciudad del Este”, invocando las facultades constitucionales de este órgano de control.
Consideran que la intervención es indispensable para frenar lo que califican como un “manejo irresponsable e imparable” de los bienes municipales. “La ciudadanía está cansada de la mala administración que día a día se perpetúa, afectando el bienestar de todos los esteños”, señala la organización en solicitud.
La gestión de Miguel Prieto es objeto de diversos cuestionamientos desde que asumió la intendencia. Las acusaciones en su contra incluyen presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos, sobrecostos en obras públicas y un manejo poco claro de los recursos municipales.
Además de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público, varias instituciones y sectores ciudadanos han expresado su preocupación por la falta de transparencia y el aumento de conflictos internos en la gestión municipal.
La organización CDE Libre considera sumamente importante poner bajo la lupa la gestión de Prieto al frente de la Comuna esteña. Sostienen que no solo es un paso necesario para investigar y sancionar los actos irregulares, sino también para restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones. “En un contexto de crisis de confianza es urgente que la Contraloría ejerza su rol fiscalizador y actúe con la celeridad que este caso amerita,” concluyen los denunciantes.
