La administración de los recursos públicos en Presidente Franco está en el centro de una controversia que refleja una profunda preocupación, tanto de los concejales como de la ciudadanía, ante el manejo poco claro de los fondos municipales bajo la gestión del intendente Roque Godoy. Las recientes denuncias del concejal Hugo Mendoza contra el jefe comunal no solo encienden alarmas sobre prácticas administrativas cuestionables, sino que también evidencian un problema más grave: la aparente falta de respeto por los principios de transparencia y responsabilidad en la administración pública.
Según Mendoza, el intendente ya habría comprometido casi G. 5.000 millones del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2025 mediante licitaciones públicas «ad referéndum», un mecanismo que, aunque válido en circunstancias excepcionales, se presta al abuso si no se aplica con estrictos controles. Esto se suma al presunto agotamiento de los recursos provenientes de royalties y Fonacide del 2024, que ascienden a G. 26 mil millones.
Es inadmisible que los recursos destinados a mejorar la infraestructura, la educación y otros servicios básicos de la ciudad sean manejados de manera opaca, hipotecando el bienestar financiero de los franqueños. La emisión de un acta de recepción definitiva para una obra inexistente, atribuida al director de obras, Cristhian Ortiz, ilustra claramente el nivel de desorganización y la falta de seriedad con la que se gestionan los proyectos en la administración municipal.
La ciudadanía, con toda razón, está preocupada. No se trata solo de señalar posibles actos de corrupción o negligencia, sino de exigir que los recursos públicos se manejen de manera ética y transparente. Organizaciones como la Contraloría Ciudadana ya han manifestado su inquietud, y es imperativo que sus voces sean escuchadas.
Con miras al año 2025, es fundamental que las autoridades locales, especialmente los miembros de la Junta Municipal, actúen con firmeza para garantizar que cada guaraní de los fondos municipales sea destinado al desarrollo de la comunidad. También es necesario que el Ministerio de Hacienda y los organismos de control estatales intervengan, no solo para auditar los gastos de esta gestión, sino para establecer medidas que prevengan futuros abusos.
Los franqueños merecen una administración que trabaje por sus intereses, no una que utilice los recursos públicos como patrimonio personal. La transparencia no es una opción, sino una obligación en toda gestión pública. Presidente Franco no puede darse el lujo de seguir hipotecando su futuro. Es hora de que las autoridades locales rindan cuentas y devuelvan la confianza a los ciudadanos que representan.
