El avance inexorable del proyecto de ley “Que crea el Registro Unificado Nacional (RUN)” en la Cámara de Diputados, que ayer aprobó el borrador con algunas modificaciones y lo remitió de nuevo al Senado, desató una ola de controversia que amenaza con redefinir el panorama agrario en Paraguay. Esta iniciativa, que busca centralizar la información catastral y los registros públicos bajo el control de la Corte Suprema de Justicia, fue recibida con escepticismo y rechazo por los sectores campesinos, indígenas y organizaciones sociales. Aunque el Gobierno y los defensores del proyecto lo presentan como una reforma que busca modernizar y simplificar los trámites administrativos, la realidad podría ser muy diferente. A medida que avanza, el RUN no solo pone en peligro el futuro del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), sino que también podría servir a los intereses de terratenientes y sectores privados, consolidando la apropiación de tierras malhabidas.
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto de ley es la propuesta de fusionar varias instituciones estatales clave (Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia), bajo el poder del RUN. En la práctica, este nuevo registro centralizado absorbería las funciones del INDERT, cuyo mandato ha sido crucial para la Reforma Agraria y la distribución equitativa de tierras. El hecho de que la creación del RUN se impulse principalmente desde sectores vinculados al cartismo y cuente con el respaldo de los grandes terratenientes y empresarios privados solo incrementa las preocupaciones sobre los verdaderos objetivos detrás de esta reforma.
La eliminación del INDERT, una institución que ha sido clave en la entrega de tierras a campesinos e indígenas, es vista por muchos como un golpe mortal a la Reforma Agraria en Paraguay. Aunque el Gobierno y algunos legisladores argumentan que el RUN traerá mayor eficiencia y transparencia, esta fusión parece más un pretexto para consolidar aún más el control de las tierras en manos de unos pocos. Para los críticos, este cambio representa una centralización peligrosa del poder en manos de la Corte Suprema, lo que abre la puerta a posibles abusos y favorecimientos a sectores privados con intereses en tierras cuestionadas.
El presidente del INDERT, Francisco “Pancho” Ruiz Díaz, ha sido señalado por su inacción y por su presunta implicación en la creación del RUN, lo que muchos interpretan como una estrategia para debilitar al organismo y justificar su desaparición. Las denuncias sobre su vínculo con empresas privadas que podrían beneficiarse de la privatización del catastro y la realización de censos catastrales solo alimentan las sospechas de que el verdadero objetivo de esta reforma es el blanqueo de tierras malhabidas, en lugar de atender las necesidades del campesinado y las comunidades indígenas.
La fusión del INDERT en el RUN no es solo un cambio burocrático; es un paso más hacia el despojo al país de una herramienta crucial para la distribución justa de tierras. Este movimiento podría significar que los grandes terratenientes y empresarios, a menudo con conexiones políticas, se beneficien de un sistema que legalizaría propiedades obtenidas de manera irregular, mientras que las comunidades más vulnerables del país perderán la posibilidad de acceder a tierras en condiciones justas y transparentes.
A pesar de los argumentos a favor del RUN que prometen modernización y simplificación de trámites, los sectores más críticos señalan que la reforma terminará por profundizar las desigualdades históricas. Sin un INDERT que actúe como regulador de la distribución de tierras, Paraguay podría estar retrocediendo en su compromiso con la justicia agraria. En lugar de garantizar el derecho a la tierra para los campesinos e indígenas, el RUN consolidaría aún más las posiciones de poder de aquellos que históricamente han usurpado las tierras de los más necesitados.
En este contexto, la creación del RUN se presenta como una maniobra política que no solo amenaza con desaparecer al INDERT, sino que pone en peligro la reforma agraria y los principios de justicia social. El respaldo político de los sectores cartistas y la falta de consulta pública sobre el proyecto son señales claras de que el futuro del campo paraguayo podría quedar aún más en manos de los grandes terratenientes, dejando a las comunidades rurales y campesinas sin una voz ni una herramienta efectiva para defender sus derechos sobre la tierra. La aprobación de este proyecto, lejos de ser una solución a los problemas históricos del país, podría marcar el fin de la lucha por una distribución equitativa de tierras y el comienzo de un nuevo ciclo de concentración de poder en manos de unos pocos.
