El reciente altercado entre la diputada colorada Liz Acosta y agentes de la Policía Nacional en Ciudad del Este no fue un incidente aislado sino un reflejo de cómo se manejan las leyes y los privilegios en Paraguay. Lo que debería haber sido un simple control vehicular, motivado por el uso indebido de luces balizas en un vehículo particular, terminó con denuncias de abuso policial, la rápida remoción de los agentes involucrados y una serie de cuestionamientos hacia ambas partes.
La diputada Liz Acosta, representante por Alto Paraná bajo la bandera de Honor Colorado, ha demostrado en varias ocasiones que el respeto por la legalidad no es precisamente su fuerte. En este caso, se la encontró utilizando luces balizas en su vehículo particular, un accesorio exclusivo de las fuerzas de seguridad, según la legislación paraguaya. Este acto no solo infringe la normativa de tránsito y seguridad vial, sino que también proyecta la imagen de una autoridad que pretende estar por encima de la ley.
No es la primera vez que Acosta queda en el ojo de la tormenta por sus acciones. Su desempeño en el Congreso ha sido paupérrimo: en 16 meses de gestión, apenas ha presentado ocho proyectos de ley, todos ellos en coautoría y ninguno exclusivo. Ninguna de estas propuestas ha sido promulgada, y algunas ni siquiera avanzaron en su tratamiento legislativo.
Por el contrario, su nombre es más conocido por sus frecuentes viajes al extranjero, financiados con fondos públicos. Su más reciente escapada, al “VIP Election Tour” en Estados Unidos, fue justificada como una misión de observación electoral, aunque más tarde se confirmó que era un evento organizado por una empresa privada sin carácter oficial. Aunque devolvió los viáticos tras el escándalo mediático, no reembolsó el costoso pasaje aéreo. Este no fue un caso aislado; en los últimos meses, también viajó a Brasil, Panamá y República Dominicana, supuestamente para participar en conferencias y reuniones que poco aportaron a su labor legislativa.
A estos cuestionables antecedentes se suma un oscuro episodio judicial. En 2003, Acosta fue detenida en Brasil por posesión de drogas tras un operativo en la vivienda que compartía con su pareja. Aunque fue absuelta en última instancia por falta de pruebas concluyentes, el caso dejó una mancha imborrable en su historial.
ABUSOS QUE INFUNDEN MIEDO EN LA CIUDADANÍA
Por otro lado, la actuación de la Policía Nacional en este caso también merece una crítica severa. Los agentes involucrados, vestidos de civil y desplazándose en vehículos particulares, realizaron un operativo que, según la diputada, incluyó apuntar con armas de fuego y exigir documentos de manera prepotente. Este tipo de procedimientos no solo son irregulares, sino que generan un clima de terror en la ciudadanía.
En Alto Paraná, se estima que entre 100 y 150 agentes de Investigación de Delitos operan de esta manera bajo la excusa de labores investigativas. Sin identificación clara y en vehículos particulares, realizan controles arbitrarios que muchas veces derivan en abusos y extorsiones. Si bien este caso cobró notoriedad porque la víctima fue una diputada, es una realidad cotidiana para muchos ciudadanos comunes, quienes prefieren guardar silencio por temor a represalias.
El traslado inmediato de los policías y la apertura de un sumario administrativo por parte de la Policía Nacional muestran un sistema que actúa con celeridad solo cuando las víctimas son figuras políticas. La propia institución justificó la medida señalando que la afectada era una “autoridad”, como si esto implicara estar exento de controles policiales. El jefe de Investigaciones del Alto Paraná, en una muestra de genuflexión, incluso pidió “disculpas” a la parlamentaria por lo sucedido. Esta postura deja entrever un doble estándar preocupante: mientras los casos que afectan a ciudadanos comunes son ignorados o manejados con lentitud, cualquier roce con las élites políticas se resuelve con una velocidad sorprendente.
Este incidente expone dos problemas profundamente arraigados en Paraguay: por un lado, la prepotencia y los privilegios de figuras políticas como Liz Acosta, y por otro, los abusos sistemáticos de las fuerzas del orden. La diputada, con un historial cuestionable y una gestión legislativa irrelevante, pretende utilizar su cargo para eludir responsabilidades legales. Mientras tanto, la Policía, con prácticas irregulares y represivas, sigue perdiendo la confianza de la ciudadanía.
